LA DELINCUENCIA OCUPA LOS ESPACIOS QUE DEJA LA AUTORIDAD VACÍOS

Por: JAVIER COELLO TREJO

(Entrevista)

No es necesario reformar leyes, sino aplicarlas; se debe castigar a funcionarios que delinquen.

Afirmo que sí se puede combatir la corrupción y sí se puede combatir al crimen organizado.

No debe permitirse que los Ministerios Públicos detengan para investigar, sino que investiguen para detener.

Sin abjurar de su recia personalidad, el legendario Fiscal de Hierro contagia su añoranza de un México entrañable de paz social, donde los niños podían montar en bicicleta en los parques sin requerir compañía, los jóvenes acudían libremente a las discotecas, los secuestros o las extorsiones eran casi inexistentes; no había levantones, ni asesinatos múltiples producto de los ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado y los ciudadanos caminábamos por las calles a altas horas de la noche sin el temor de ser asaltados.

Javier Coello Trejo habla directo. Conoce los entresijos del sistema jurídico y el mundo complejo de las decisiones políticas en los máximos niveles. Trabajó para cuatro presidentes de la República y para tres procuradores generales. Las estadísticas dan cuenta histórica de sus resultados como combatiente de la delincuencia y el narcotráfico.

En 2021 publicó un libro con sus memorias, “El Fiscal de Hierro”, bajo el sello de la Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. Con ese título se refirió a él el Presidente José López Portillo y más tarde el Presidente de Estados Unidos, George Bush padre. En aquellos tiempos llegó a interrogar casi a cuatro mil personas, obtuvo aproximadamente doscientas renuncias y consignó a decenas de funcionarios, ministerios públicos, jueces, magistrados federales, delegados y funcionarios de aduanas. Fue la época en que recibió más amenazas. Coello Trejo nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 22 de octubre de 1948. Cursó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Cristóbal Colón. Egresó como licenciado en Derecho de la Escuela de Derecho de Chiapas. Ha sido profesor en la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas, el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República y la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur. Ha sido conferenciante sobre Derecho Penal y Derecho Aduanero.

Dentro del sector público ha tenido un desempeño en las áreas políticas, administrativas y de procuración de justicia. Fue agente del Ministerio Público Adscrito al Partido Judicial en Chiapa de Corzo; director de Averiguaciones Previas, director general de Administración y secretario particular en la Procuraduría General de Justicia de Chiapas; director de la Policía en aquella entidad; agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa 29 del Sector Central de la Procuraduría General de la República; Fiscal Especial para delitos patrimoniales cometidos por funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, Revisor General del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República.

En el ámbito político, fue Secretario General de Gobierno, Presidente de la Comisión Electoral y Presidente del Consejo Estatal de Población del Estado de Chiapas. También fue Procurador Federal del Consumidor (1990-1993).

El licenciado Coello concede charla a la revista Jurista, donde platica sus experiencias profesionales y esboza líneas que deberían ser tomadas en cuenta para el combate a la corrupción y la impunidad. Damos comienzo con sus actividades más recientes.

Usted ha representado a los denunciantes contra el doctor Hugo López Gatell, ¿cuál es el estado de esas denuncias? Hasta el momento se han presentado 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Desgraciadamente, en la primera denuncia que se presentó por el fallecimiento del padre de uno de mis abogados, la Fiscalía, sin ningún fundamento legal, determinó abstenerse de investigar. Ante esto solicitamos audiencia ante Juez de Control, mismo que confirmó la decisión de la Fiscalía. Ante esta irregularidad, comparecimos por medio de un amparo ante un Juez de Distrito, quien inusitadamente confirmó la decisión, por considerarlo algo fuera de todo contexto legal. Recurrimos ante un Tribunal Colegiado, el cual nos concedió el amparo y ordenó a la Fiscalía iniciar la carpeta y practicar todas las diligencias correspondientes para su debida integración.

Todo marchaba bien, incluso se aportó una serie de pruebas y datos para configurar la conducta omisiva, negligente, de falta del deber de cuidado del doctor Hugo López Gatell. Así las cosas, se solicitó la comparecencia tanto del secretario de Salud como del subsecretario y otras autoridades. De forma por demás ilegal, antes de acordar la solicitud de las pruebas, el fiscal encargado del caso mandó la carpeta al No Ejercicio de la Acción Penal. Procedimos de inmediato a solicitar una audiencia de impugnación y se compareció ante el Juez de Control; la audiencia de referencia solicitada para el efecto de combatir la equivocada determinación de no ejercicio de la acción penal fue atendida el 22 de marzo, de 2023, por el señor licenciado Arturo Medel Casquera, en su carácter de Juez de Control Federal Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Sur, en la que resolvió revocar la resolución de No ejercicio de la acción penal de fecha 22 de marzo de 2023. Él determinó y ordenó a la Fiscalía General de la República continuar a fondo con la investigación del tema, incluso, señaló que lo que venía investigando era muy delicado y ameritaba una profunda indagación, toda vez que el delito que presuntamente se configuraba era el de homicidio por omisión, por lo que continuamos integrando la carpeta, así como las otras 9 iniciadas.

¿Considera usted que el aparato político ha influido en el sistema jurídico en este caso?

Como he manifestado en su pregunta anterior, ha sido un peregrinar en este asunto. Entiendo que la posición del ejecutivo es la de proteger a Hugo López Gatell. Tengo confianza en que la Fiscalía entenderá lo trascendental de este asunto. No se trata de venganzas, se trata de justicia. No es posible que el gobierno forme fiscalías especializadas para otros casos como es el de Ayotzinapa, que, si bien es un tema doloroso, también es muy doloroso que, por la negligencia, la irresponsabilidad, de Hugo López Gatell hayan fallecido por Covid más de 700 mil mexicanos. Confiamos en la justicia, igualmente confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí actuará para proteger la justicia y, fundamentalmente, la Constitución General de la República. Basta ya de permitir la impunidad, que nos está llevando a los mexicanos a un profundo caos.

¿Ha recibido usted amenazas, ha sufrido intimidaciones?

No, no he recibido ninguna amenaza, pero aun cuando las hubiera, mi convicción como abogado amante de la ley y de la justicia es que no me intimidarán para continuar y llevar a sus últimas consecuencias este doloroso asunto que tanto ha dañado a miles de familias mexicanas. Que quede claro que no me inspira ningún tema de venganza, lo único que me inspira es que la justicia impere y se apliqué la ley, tan fría como es. Si las instancias mexicanas no responden dentro de la legalidad y la justicia ¿considera usted acudir al sistema interamericano?

De ser necesario, acudiremos a las instancias internacionales de justicia. Si hasta la fecha no lo hemos hecho es porque considero que no es posible que áreas internacionales de justicia vengan a enderezar la plana a la justicia mexicana. México tiene leyes, jueces, fiscales, que deben entender que la justicia no se regatea, sino se aplica, que la ley es la ley y que nadie con el poder o fuero que tenga puede estar por encima de la ley. Considero y tengo mucha fe en tener éxito en esta cruzada de justicia, porque creo en la ley, tengo firme convicción de que el derecho es el medio para llegar a la justicia, y espero que tanto la Fiscalía General de la República como las instancias de administración de justicia procederán conforme a la ley.

Otro tema que ha trascendido es la acción que usted interpondría contra su ex cliente Emilio Lozoya Austin y contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero. ¿Nos puede comentar en qué van esos asuntos?

Quisiera ser muy enfático. Yo no voy a interponer ninguna acción en contra del Fiscal General de la Nación, Alejandro Gertz Manero. Si es a raíz de la infortunada filtración de una grabación en donde me llama bandido, la respuesta ya se la di públicamente: que no puede ser bandido para él su apoderado, que no puede ser bandido quien lo sirvió en el caso lamentable de su hermano Federico, en conclusión, no puede ser bandido quien fue su amigo por más de 40 años. En el caso de Emilio Lozoya Austin, le comento: fui su abogado, los protegí jurídicamente a él y a su familia, preparamos una defensa a mi criterio sólida, pero usted debe entender, mi estimado licenciado Octavio Ruiz Martínez, que yo no me he prestado, ni me prestaré a falacias, a mentiras. Se lo advertí, que no se dejara engañar por las autoridades para acusar e imputar a diversos políticos cuando no tiene ninguna prueba de sus dichos. Y recuerde, mi querido abogado, que a cada hecho una prueba. Ante su insistencia, por la presión fuerte que estaba recibiendo, decidió hacerlo y desde ese momento dejé de ser su abogado. Posteriormente, de forma traidora, pretende no pagar mis honorarios. En eso estoy y me los va a pagar.

Dice usted en su libro que en los años ochenta y noventa fue construido un México seguro al cual añora. ¿Si fuera usted invitado a participar nuevamente en tareas de investigación de los delitos y procuración de justicia, consideraría retornar a la función pública? ¿O participar como candidato para algún puesto de elección popular?

Si afirmo en mi libro que añoro un México de paz social, de más seguridad, es porque así lo vivimos. Qué alegría daba ver a los niños montar en bicicleta solos en los parques, poder acudir a las discotecas libremente, poder caminar por las calles a altas horas de la noche sin el temor de ser asaltado. Ese México se vivió, pero con todo respeto, soy un hombre de 74 años de edad, que ya no tendría la fuerza para aceptar algún cargo, pero además hice un compromiso moral con mi familia, a la que descuidé por muchos años por servir a México, de no aceptar ningún cargo, pero también le soy honesto: soy un hombre de mano dura, que no permite que se viole la ley, entonces estorbaría y, por último, ya soy grande y no me gusta que me manden. Por otro lado, siempre fui funcionario público, no político, porque soy un convencido de que mientras se siga mezclando la política con la justicia, nunca podremos tener un sólido estado de derecho, por eso no pretendo ningún cargo de elección, prefiero mejor, desde mi trinchera, contribuir para servir a México.

¿Nos puede explicar qué significa su expresión de que no se puede “aplicar la ley y hacer justicia de la mano de los derechos humanos tal y como están ahora”? ¿Por qué? ¿Cuál es la discrepancia? ¿Qué se tiene que hacer para hacer compatibles ambos temas?

Recuerde usted, mi estimado amigo, que los derechos humanos son para las víctimas, no para los delincuentes que violan permanentemente la ley, para ellos, un juicio justo, tal como lo prevé la Constitución General de la República.

Desgraciadamente, en este país se confundió la política de los derechos humanos, se olvidaron de las víctimas porque, con todo respeto, cuando se inició, por presión de los Estados Unidos, la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se planificó cómo se respetarían estos derechos. Los derechos humanos son inherentes al humano, pero se tomó esto como una bandera encabezada por Jorge Carpizo, quien erróneamente aplicó esta política defendiendo a los delincuentes. Le pongo un caso. En este país operaba una banda de ladrones y asaltantes de apellido Quijano, se les metió a la cárcel, y fue tanta la insistencia del doctor Carpizo, que los dejaron en libertad. A los dos meses tuvieron que ser detenidos porque mataron al rey de la fabricación de medias en el Estado de México.

Para ser compatibles ambos temas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe pugnar porque las autoridades de procuración y administración de justicia actúen conforme a la ley, procuren que los juicios sean justos, que se proteja a las víctimas, y no a los delincuentes, repito, para ellos, vigilar que tengan un proceso justo, que se les aplique la ley. Nadie puede estar reñido con los derechos humanos, solamente que se apliquen a quienes tienen derechos.

En una evaluación general, ¿Cómo fue o ha sido la actuación o contribución de los Presidentes de la República de los últimos años respecto de la procuración de justicia y las estrategias contra la inseguridad?

A lo largo de mi vida y mi función como servidor público tuve el honor de trabajar para cuatro Presidentes de la República y con tres procuradores generales de la República. Con Echeverría, bajo el mando de don Pedro Ojeda Paullada, fui agente federal auxiliar del Ministerio Público, revisor general de la República; con el presidente López Portillo, bajo el mando de don Óscar Flores Sánchez, fui agente del Ministerio Público Federal encargado de luchar contra la corrupción; con el presidente Miguel de la Madrid fui secretario general de Gobierno del Estado de Chiapas; y con el presidente Carlos Salinas de Gortari fui subprocurador general de la República, encargado de la lucha contra el narcotráfico.

Viví con profundidad la lucha contra la delincuencia, se lograron muchos éxitos, mismos que están plasmados en las estadísticas. Tengo que aceptar que había corrupción, pero que se combatió; tengo que aceptar que el narcotráfico en el momento en que yo me hice cargo de su lucha era difícil pero no imposible, que se logró combatirlo a fondo con resultados muy positivos y usted me preguntará ¿por qué? Sencillamente porque había voluntad política del ejecutivo para hacerlo, porque había camiseta entre los Ministerio Públicos de la Federación, porque había mano firme de los procuradores generales de la República. No lo estoy inventando, revise los anales y las estadísticas del pasado.

Ahora, usted me preguntará ¿Qué paso después? Mi respuesta es que desgraciadamente la justicia no es algo que se pueda inaugurar, no es un hospital, una carretera, una presa, no es algo que vista al político, y se fue rezagando la voluntad de combatir la delincuencia y la impunidad, ¿por qué?, porque se descuidó la justicia, porque se incrementó en forma escandalosa la corrupción. Esto es la consecuencia de la impunidad que vivimos, de la falta de un estado sólido de derecho que tenemos. Se fue perdiendo por la maldita corrupción el terreno, que fue ocupando la delincuencia. Recuerde, amigo, que los espacios que la autoridad deja vacíos en la sociedad, los ocupa la delincuencia.

No se pueden combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, con abrazos y no balazos. Para combatirlos se necesita la fuerza del Estado y la aplicación irrestricta de la ley, porque el que roba una vez y no es castigado, vuelve a robar; el que mata una vez y no es castigado, vuelve a matar. Esa es la problemática que vivimos en México. Los políticos sólo buscan su beneficio personal, los funcionarios, o tienen miedo o pervierten los fines para los que fueron designados. ¿Cuál es la solución? Aplicar la ley y castigar a quienes delinquen, para eso es necesario no reformar leyes, sino aplicarlas; no permitir que los Ministerios Públicos, tanto federales como locales, abusen de la autoridad que se les otorga; no permitir que se detenga para investigar, sino que se investigue para detener; que las carpetas de investigación vayan sólidas y con suficientes elementos de prueba para lograr el castigo ejemplar a quien delinque pero, lo más importante, es que quienes procuren y administren justicia piensen en México, en este México que se está desmoronando; que piensen qué le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué país vamos a dejar para el futuro, esa es mi opinión y mi convicción.

En el ámbito ministerial, fue coordinador General de Servicios Técnicos y Criminalísticos de la Procuraduría General de la República y Subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico (1988).

Su labor en el combate a la criminalidad fue reconocido en el nivel internacional, al ser Presidente de la Reunión Internacional de Organismos Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, de la Organización de las Naciones Unidas, en Viena, Austria (1989); y Presidente de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), Alianza de las Américas contra el Narcotráfico (1989).

En algún altibajo de la actividad política y por incitativa de su esposa, nuestro entrevistado decidió litigar. En octubre de 1984 constituyó la sociedad civil Coello Trejo y Asociados, aunque más tarde retornó a la actividad oficial. Dentro de sus actividades como abogado fundó también el Despacho Consultoría Jurídica Integral, S.C.; ha sido abogado general de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana; es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

Las redes sociales se desbordan con frecuencia atribuyendo supuestos vínculos de funcionarios, desde el más alto hasta los intermedios, con los criminales. ¿Con su experiencia como investigador, observa usted elementos que hagan probable algún tipo de complicidad?

Evidentemente que sí, se han probado casos muy concretos, el de García Luna, que tuvo que ser la justicia americana la que lo sancionara. En México no existía ninguna investigación.

La complicidad no solamente es asociarse con el delincuente, sino es permitir que delinca, recuerde, amigo, que corrupto no es solamente aquel que da o recibe dinero, corrupto también es aquel funcionario público que, a sabiendas de que no tiene la capacidad para desempeñar la función que le encomiendan, la acepta; corrupto es también aquel que simula realizar su labor y no la cumple, corrupto también es aquel funcionario que pervierte los fines que le fueron encomendados.

Es evidente que existen muchos funcionarios que se enriquecen abusando de su cargo. Precisamente uno de los motivos por lo que escribí mis memorias fue porque vengo escuchando, fundamentalmente en este sexenio, que la bandera del Presidente fue combatir la corrupción y ha sido todo lo contrario, ver, por ejemplo, que se canceló un aeropuerto en Texcoco en donde se enterraron más de 300 mil millones de pesos, según los medios, con el pretexto de que todo había sido corrupción. No veo a nadie en la cárcel, ni siquiera una denuncia por esos hechos; ver, igualmente, que todos los días se defenestra a personas, se destruyen instituciones y se ataca al Poder Judicial de la Federación. Es por eso que plasmé en mis memorias cómo sí se puede combatir la corrupción, cómo sí se puede combatir al crimen organizado. Lo único que hace falta son funcionarios honestos, comprometidos con México y, lo más importante, la voluntad política del Ejecutivo. Sin eso nunca tendremos éxito. Hablar es sencillo, cumplir es lo importante.

En su opinión como litigante ¿Cómo va el Sistema de Justicia Penal Acusatorio? ¿Qué se requiere para mejorarlo, dónde hay fallas?

Esta pregunta es sumamente interesante, implementar en México un sistema de justicia penal mediante el juicio de oralidad, que ha fracasado en otros países. En su momento levantamos la voz, tratamos de convencer al entonces Presidente de la República, Felipe Calderón, de que México no estaba preparado para este sistema, que no podíamos dejar a jueces de conciencia, que no le podíamos quitar al Ministerio Público su facultad de investigación, pero fracasamos. ¿Qué ha pasado? La justicia se ha convertido en un peregrinar, han utilizado este sistema para venganzas políticas, han permitido que los Ministerios Públicos se vuelvan más negligentes, que no integren las carpetas de investigación como es debido, y los resultados los tenemos a la vista. Me pregunto ¿cuántas sentencias condenatorias se han obtenido?, ¿cuántos infractores de la ley han quedado fuera de la justicia por ineficiencia e ineficacia de la autoridad ministerial? Es muy fácil culpar a los jueces de benévolos y corruptos, pero nos olvidamos de que el éxito de un proceso penal es una bien integrada carpeta de investigación con suficientes elementos de prueba en la que se acredite la presunción de responsabilidad del imputado. ¿Qué opino yo que se debe hacer? Primero, fortalecer al Ministerio Público, impulsar la creación o fortalecimiento de una policía eficiente de investigación, el Ejército no investiga, es por eso que se debe poner atención en la justicia. Recordemos, mi querido amigo, que en un país en que no existe justicia, donde no se aplica la ley y donde no hay un sólido estado de derecho, no puede haber progreso.

Denos una opinión sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

Anteriormente me referí a (la Comisión Nacional de) los Derechos Humanos. Con todo respeto, es una institución que podría funcionar bien, que podría satisfacer para lo que fue creada, defender a las víctimas, vigilar la actuación tanto de las autoridades persecutoras como de los juzgadores, impugnar la violación a la Constitución, pero no se puede cuando quien dirige esa Comisión, también cometió delitos en el pasado, no tiene, con todo respeto, la capacidad para el cargo que ocupa, esa es mi opinión. ¿Cuál es la consecuencia de esto?, que la corrupción, la impunidad, la criminalidad hayan crecido, como lo estamos viviendo.

A unas horas de que la Suprema Corte declarara inconstitucional el acuerdo por el que se decretan como de seguridad nacional las obras de infraestructura, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo decreto por el cual otra vez declara a las obras federales de infraestructura como de seguridad nacional. ¿Hasta dónde puede llegar jurídica y políticamente el titular del Ejecutivo con tal acción desafiante?

Respecto a la postura del señor Presidente de la República, a quien respeto, no comparto sus decisiones. Considero que le falta mucha asesoría, que no se ha rodeado de verdaderos juristas que le digan lo que no se debe y puede hacer, porque grave es, mi amigo, que un funcionario le mienta al Presidente, porque esa mentira provocará que el Presidente tome decisiones que son absolutamente violatorias de la ley. Es mi Presidente, lo respeto, pero le repito, no comparto sus decisiones, afectan a México, la historia lo juzgará.

¿Qué opiniones y comentarios ha recibido su libro “El Fiscal de Hierro”? ¿Ha sentido que quedaron temas sin abordar y que ameritarían publicar otra obra similar?

Amigo, qué quiere que yo le diga. Nunca pensé que tendría el éxito que ha tenido. He recibido muchos comentarios favorables, y quiero decirle que nadie, después de casi dos años de publicado el libro, me ha refutado ninguna de las verdades y temas que he tocado, por una razón, mi amigo: como abogado, sé que a cada hecho una prueba. Faltaron muchas cosas, unas que se pueden contar y otras que, por institucionalidad, no las debo decir. Me siento satisfecho, contento, soy un hombre feliz familiarmente. Tengo la dicha de tener una esposa que me ha acompañado durante 51 años en esta larga y difícil carretera que es la vida; tengo la enorme dicha de que mis tres hijos son abogados, trabajan en mi despacho, codo con codo conmigo, y dos de mis nietos son pasantes de Derecho, qué más le puedo pedir a Dios. Mi única satisfacción es que, cuando Dios decida llevarme, me voy absolutamente tranquilo de haber cumplido con la misión que él me encargó en la vida, bajo tres fundamentales premisas: lealtad, honestidad y siempre hablar con la verdad.

¿Qué podemos esperar de la actuación y planes de Javier Coello Trejo para el futuro?

Como lo dije anteriormente, seguiré mientras Dios me preste vida, defendiendo la justicia desde mi trinchera, y convocando a toda la juventud mexicana a que se prepare, a que estudie y a que entienda que México es nuestro y que defenderlo es la fundamental obligación de los mexicanos y, por último, decirles: muerto antes que indigno.

¿Gusta abordar algún otro tema?

Me gustaría nada más tocar un tema que yo considero que debe ejecutarse, lo que le llamamos la justicia de barandilla, la atención directa a la sociedad, pues resulta de veras vergonzante que se llegue a las Agencias del Ministerio Público y, si no se lleva dinero, no le hacen caso simple y sencillamente; esperan horas para ser atendidas aquellas personas que han sido víctimas de la delincuencia; qué fácil sería, mi estimado amigo, que los Fiscales Generales, tanto de la República como de los Estados, pusieran más atención en este tema, puesto que lo único que la gente quiere es justicia.

Espero que no me crea ni romántico ni iluso. La aplicación de la ley debe ser irrestricta, tan fría como lo es y, le repito, evitemos a toda costa que se siga mezclando la política con la justicia. Muchas gracias.