LA DELINCUENCIA OCUPA LOS ESPACIOS QUE DEJA LA AUTORIDAD VACÍOS

Por: JAVIER COELLO TREJO

(Entrevista)

No es necesario reformar leyes, sino aplicarlas; se debe castigar a funcionarios que delinquen.

Afirmo que sí se puede combatir la corrupción y sí se puede combatir al crimen organizado.

No debe permitirse que los Ministerios Públicos detengan para investigar, sino que investiguen para detener.

Sin abjurar de su recia personalidad, el legendario Fiscal de Hierro contagia su añoranza de un México entrañable de paz social, donde los niños podían montar en bicicleta en los parques sin requerir compañía, los jóvenes acudían libremente a las discotecas, los secuestros o las extorsiones eran casi inexistentes; no había levantones, ni asesinatos múltiples producto de los ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado y los ciudadanos caminábamos por las calles a altas horas de la noche sin el temor de ser asaltados.

Javier Coello Trejo habla directo. Conoce los entresijos del sistema jurídico y el mundo complejo de las decisiones políticas en los máximos niveles. Trabajó para cuatro presidentes de la República y para tres procuradores generales. Las estadísticas dan cuenta histórica de sus resultados como combatiente de la delincuencia y el narcotráfico.

En 2021 publicó un libro con sus memorias, “El Fiscal de Hierro”, bajo el sello de la Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. Con ese título se refirió a él el Presidente José López Portillo y más tarde el Presidente de Estados Unidos, George Bush padre. En aquellos tiempos llegó a interrogar casi a cuatro mil personas, obtuvo aproximadamente doscientas renuncias y consignó a decenas de funcionarios, ministerios públicos, jueces, magistrados federales, delegados y funcionarios de aduanas. Fue la época en que recibió más amenazas. Coello Trejo nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 22 de octubre de 1948. Cursó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Cristóbal Colón. Egresó como licenciado en Derecho de la Escuela de Derecho de Chiapas. Ha sido profesor en la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas, el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República y la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur. Ha sido conferenciante sobre Derecho Penal y Derecho Aduanero.

Dentro del sector público ha tenido un desempeño en las áreas políticas, administrativas y de procuración de justicia. Fue agente del Ministerio Público Adscrito al Partido Judicial en Chiapa de Corzo; director de Averiguaciones Previas, director general de Administración y secretario particular en la Procuraduría General de Justicia de Chiapas; director de la Policía en aquella entidad; agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa 29 del Sector Central de la Procuraduría General de la República; Fiscal Especial para delitos patrimoniales cometidos por funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, Revisor General del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República.

En el ámbito político, fue Secretario General de Gobierno, Presidente de la Comisión Electoral y Presidente del Consejo Estatal de Población del Estado de Chiapas. También fue Procurador Federal del Consumidor (1990-1993).

El licenciado Coello concede charla a la revista Jurista, donde platica sus experiencias profesionales y esboza líneas que deberían ser tomadas en cuenta para el combate a la corrupción y la impunidad. Damos comienzo con sus actividades más recientes.

Usted ha representado a los denunciantes contra el doctor Hugo López Gatell, ¿cuál es el estado de esas denuncias? Hasta el momento se han presentado 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Desgraciadamente, en la primera denuncia que se presentó por el fallecimiento del padre de uno de mis abogados, la Fiscalía, sin ningún fundamento legal, determinó abstenerse de investigar. Ante esto solicitamos audiencia ante Juez de Control, mismo que confirmó la decisión de la Fiscalía. Ante esta irregularidad, comparecimos por medio de un amparo ante un Juez de Distrito, quien inusitadamente confirmó la decisión, por considerarlo algo fuera de todo contexto legal. Recurrimos ante un Tribunal Colegiado, el cual nos concedió el amparo y ordenó a la Fiscalía iniciar la carpeta y practicar todas las diligencias correspondientes para su debida integración.

Todo marchaba bien, incluso se aportó una serie de pruebas y datos para configurar la conducta omisiva, negligente, de falta del deber de cuidado del doctor Hugo López Gatell. Así las cosas, se solicitó la comparecencia tanto del secretario de Salud como del subsecretario y otras autoridades. De forma por demás ilegal, antes de acordar la solicitud de las pruebas, el fiscal encargado del caso mandó la carpeta al No Ejercicio de la Acción Penal. Procedimos de inmediato a solicitar una audiencia de impugnación y se compareció ante el Juez de Control; la audiencia de referencia solicitada para el efecto de combatir la equivocada determinación de no ejercicio de la acción penal fue atendida el 22 de marzo, de 2023, por el señor licenciado Arturo Medel Casquera, en su carácter de Juez de Control Federal Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Sur, en la que resolvió revocar la resolución de No ejercicio de la acción penal de fecha 22 de marzo de 2023. Él determinó y ordenó a la Fiscalía General de la República continuar a fondo con la investigación del tema, incluso, señaló que lo que venía investigando era muy delicado y ameritaba una profunda indagación, toda vez que el delito que presuntamente se configuraba era el de homicidio por omisión, por lo que continuamos integrando la carpeta, así como las otras 9 iniciadas.

¿Considera usted que el aparato político ha influido en el sistema jurídico en este caso?

Como he manifestado en su pregunta anterior, ha sido un peregrinar en este asunto. Entiendo que la posición del ejecutivo es la de proteger a Hugo López Gatell. Tengo confianza en que la Fiscalía entenderá lo trascendental de este asunto. No se trata de venganzas, se trata de justicia. No es posible que el gobierno forme fiscalías especializadas para otros casos como es el de Ayotzinapa, que, si bien es un tema doloroso, también es muy doloroso que, por la negligencia, la irresponsabilidad, de Hugo López Gatell hayan fallecido por Covid más de 700 mil mexicanos. Confiamos en la justicia, igualmente confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí actuará para proteger la justicia y, fundamentalmente, la Constitución General de la República. Basta ya de permitir la impunidad, que nos está llevando a los mexicanos a un profundo caos.

¿Ha recibido usted amenazas, ha sufrido intimidaciones?

No, no he recibido ninguna amenaza, pero aun cuando las hubiera, mi convicción como abogado amante de la ley y de la justicia es que no me intimidarán para continuar y llevar a sus últimas consecuencias este doloroso asunto que tanto ha dañado a miles de familias mexicanas. Que quede claro que no me inspira ningún tema de venganza, lo único que me inspira es que la justicia impere y se apliqué la ley, tan fría como es. Si las instancias mexicanas no responden dentro de la legalidad y la justicia ¿considera usted acudir al sistema interamericano?

De ser necesario, acudiremos a las instancias internacionales de justicia. Si hasta la fecha no lo hemos hecho es porque considero que no es posible que áreas internacionales de justicia vengan a enderezar la plana a la justicia mexicana. México tiene leyes, jueces, fiscales, que deben entender que la justicia no se regatea, sino se aplica, que la ley es la ley y que nadie con el poder o fuero que tenga puede estar por encima de la ley. Considero y tengo mucha fe en tener éxito en esta cruzada de justicia, porque creo en la ley, tengo firme convicción de que el derecho es el medio para llegar a la justicia, y espero que tanto la Fiscalía General de la República como las instancias de administración de justicia procederán conforme a la ley.

Otro tema que ha trascendido es la acción que usted interpondría contra su ex cliente Emilio Lozoya Austin y contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero. ¿Nos puede comentar en qué van esos asuntos?

Quisiera ser muy enfático. Yo no voy a interponer ninguna acción en contra del Fiscal General de la Nación, Alejandro Gertz Manero. Si es a raíz de la infortunada filtración de una grabación en donde me llama bandido, la respuesta ya se la di públicamente: que no puede ser bandido para él su apoderado, que no puede ser bandido quien lo sirvió en el caso lamentable de su hermano Federico, en conclusión, no puede ser bandido quien fue su amigo por más de 40 años. En el caso de Emilio Lozoya Austin, le comento: fui su abogado, los protegí jurídicamente a él y a su familia, preparamos una defensa a mi criterio sólida, pero usted debe entender, mi estimado licenciado Octavio Ruiz Martínez, que yo no me he prestado, ni me prestaré a falacias, a mentiras. Se lo advertí, que no se dejara engañar por las autoridades para acusar e imputar a diversos políticos cuando no tiene ninguna prueba de sus dichos. Y recuerde, mi querido abogado, que a cada hecho una prueba. Ante su insistencia, por la presión fuerte que estaba recibiendo, decidió hacerlo y desde ese momento dejé de ser su abogado. Posteriormente, de forma traidora, pretende no pagar mis honorarios. En eso estoy y me los va a pagar.

Dice usted en su libro que en los años ochenta y noventa fue construido un México seguro al cual añora. ¿Si fuera usted invitado a participar nuevamente en tareas de investigación de los delitos y procuración de justicia, consideraría retornar a la función pública? ¿O participar como candidato para algún puesto de elección popular?

Si afirmo en mi libro que añoro un México de paz social, de más seguridad, es porque así lo vivimos. Qué alegría daba ver a los niños montar en bicicleta solos en los parques, poder acudir a las discotecas libremente, poder caminar por las calles a altas horas de la noche sin el temor de ser asaltado. Ese México se vivió, pero con todo respeto, soy un hombre de 74 años de edad, que ya no tendría la fuerza para aceptar algún cargo, pero además hice un compromiso moral con mi familia, a la que descuidé por muchos años por servir a México, de no aceptar ningún cargo, pero también le soy honesto: soy un hombre de mano dura, que no permite que se viole la ley, entonces estorbaría y, por último, ya soy grande y no me gusta que me manden. Por otro lado, siempre fui funcionario público, no político, porque soy un convencido de que mientras se siga mezclando la política con la justicia, nunca podremos tener un sólido estado de derecho, por eso no pretendo ningún cargo de elección, prefiero mejor, desde mi trinchera, contribuir para servir a México.

¿Nos puede explicar qué significa su expresión de que no se puede “aplicar la ley y hacer justicia de la mano de los derechos humanos tal y como están ahora”? ¿Por qué? ¿Cuál es la discrepancia? ¿Qué se tiene que hacer para hacer compatibles ambos temas?

Recuerde usted, mi estimado amigo, que los derechos humanos son para las víctimas, no para los delincuentes que violan permanentemente la ley, para ellos, un juicio justo, tal como lo prevé la Constitución General de la República.

Desgraciadamente, en este país se confundió la política de los derechos humanos, se olvidaron de las víctimas porque, con todo respeto, cuando se inició, por presión de los Estados Unidos, la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se planificó cómo se respetarían estos derechos. Los derechos humanos son inherentes al humano, pero se tomó esto como una bandera encabezada por Jorge Carpizo, quien erróneamente aplicó esta política defendiendo a los delincuentes. Le pongo un caso. En este país operaba una banda de ladrones y asaltantes de apellido Quijano, se les metió a la cárcel, y fue tanta la insistencia del doctor Carpizo, que los dejaron en libertad. A los dos meses tuvieron que ser detenidos porque mataron al rey de la fabricación de medias en el Estado de México.

Para ser compatibles ambos temas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe pugnar porque las autoridades de procuración y administración de justicia actúen conforme a la ley, procuren que los juicios sean justos, que se proteja a las víctimas, y no a los delincuentes, repito, para ellos, vigilar que tengan un proceso justo, que se les aplique la ley. Nadie puede estar reñido con los derechos humanos, solamente que se apliquen a quienes tienen derechos.

En una evaluación general, ¿Cómo fue o ha sido la actuación o contribución de los Presidentes de la República de los últimos años respecto de la procuración de justicia y las estrategias contra la inseguridad?

A lo largo de mi vida y mi función como servidor público tuve el honor de trabajar para cuatro Presidentes de la República y con tres procuradores generales de la República. Con Echeverría, bajo el mando de don Pedro Ojeda Paullada, fui agente federal auxiliar del Ministerio Público, revisor general de la República; con el presidente López Portillo, bajo el mando de don Óscar Flores Sánchez, fui agente del Ministerio Público Federal encargado de luchar contra la corrupción; con el presidente Miguel de la Madrid fui secretario general de Gobierno del Estado de Chiapas; y con el presidente Carlos Salinas de Gortari fui subprocurador general de la República, encargado de la lucha contra el narcotráfico.

Viví con profundidad la lucha contra la delincuencia, se lograron muchos éxitos, mismos que están plasmados en las estadísticas. Tengo que aceptar que había corrupción, pero que se combatió; tengo que aceptar que el narcotráfico en el momento en que yo me hice cargo de su lucha era difícil pero no imposible, que se logró combatirlo a fondo con resultados muy positivos y usted me preguntará ¿por qué? Sencillamente porque había voluntad política del ejecutivo para hacerlo, porque había camiseta entre los Ministerio Públicos de la Federación, porque había mano firme de los procuradores generales de la República. No lo estoy inventando, revise los anales y las estadísticas del pasado.

Ahora, usted me preguntará ¿Qué paso después? Mi respuesta es que desgraciadamente la justicia no es algo que se pueda inaugurar, no es un hospital, una carretera, una presa, no es algo que vista al político, y se fue rezagando la voluntad de combatir la delincuencia y la impunidad, ¿por qué?, porque se descuidó la justicia, porque se incrementó en forma escandalosa la corrupción. Esto es la consecuencia de la impunidad que vivimos, de la falta de un estado sólido de derecho que tenemos. Se fue perdiendo por la maldita corrupción el terreno, que fue ocupando la delincuencia. Recuerde, amigo, que los espacios que la autoridad deja vacíos en la sociedad, los ocupa la delincuencia.

No se pueden combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, con abrazos y no balazos. Para combatirlos se necesita la fuerza del Estado y la aplicación irrestricta de la ley, porque el que roba una vez y no es castigado, vuelve a robar; el que mata una vez y no es castigado, vuelve a matar. Esa es la problemática que vivimos en México. Los políticos sólo buscan su beneficio personal, los funcionarios, o tienen miedo o pervierten los fines para los que fueron designados. ¿Cuál es la solución? Aplicar la ley y castigar a quienes delinquen, para eso es necesario no reformar leyes, sino aplicarlas; no permitir que los Ministerios Públicos, tanto federales como locales, abusen de la autoridad que se les otorga; no permitir que se detenga para investigar, sino que se investigue para detener; que las carpetas de investigación vayan sólidas y con suficientes elementos de prueba para lograr el castigo ejemplar a quien delinque pero, lo más importante, es que quienes procuren y administren justicia piensen en México, en este México que se está desmoronando; que piensen qué le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué país vamos a dejar para el futuro, esa es mi opinión y mi convicción.

En el ámbito ministerial, fue coordinador General de Servicios Técnicos y Criminalísticos de la Procuraduría General de la República y Subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico (1988).

Su labor en el combate a la criminalidad fue reconocido en el nivel internacional, al ser Presidente de la Reunión Internacional de Organismos Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, de la Organización de las Naciones Unidas, en Viena, Austria (1989); y Presidente de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), Alianza de las Américas contra el Narcotráfico (1989).

En algún altibajo de la actividad política y por incitativa de su esposa, nuestro entrevistado decidió litigar. En octubre de 1984 constituyó la sociedad civil Coello Trejo y Asociados, aunque más tarde retornó a la actividad oficial. Dentro de sus actividades como abogado fundó también el Despacho Consultoría Jurídica Integral, S.C.; ha sido abogado general de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana; es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

Las redes sociales se desbordan con frecuencia atribuyendo supuestos vínculos de funcionarios, desde el más alto hasta los intermedios, con los criminales. ¿Con su experiencia como investigador, observa usted elementos que hagan probable algún tipo de complicidad?

Evidentemente que sí, se han probado casos muy concretos, el de García Luna, que tuvo que ser la justicia americana la que lo sancionara. En México no existía ninguna investigación.

La complicidad no solamente es asociarse con el delincuente, sino es permitir que delinca, recuerde, amigo, que corrupto no es solamente aquel que da o recibe dinero, corrupto también es aquel funcionario público que, a sabiendas de que no tiene la capacidad para desempeñar la función que le encomiendan, la acepta; corrupto es también aquel que simula realizar su labor y no la cumple, corrupto también es aquel funcionario que pervierte los fines que le fueron encomendados.

Es evidente que existen muchos funcionarios que se enriquecen abusando de su cargo. Precisamente uno de los motivos por lo que escribí mis memorias fue porque vengo escuchando, fundamentalmente en este sexenio, que la bandera del Presidente fue combatir la corrupción y ha sido todo lo contrario, ver, por ejemplo, que se canceló un aeropuerto en Texcoco en donde se enterraron más de 300 mil millones de pesos, según los medios, con el pretexto de que todo había sido corrupción. No veo a nadie en la cárcel, ni siquiera una denuncia por esos hechos; ver, igualmente, que todos los días se defenestra a personas, se destruyen instituciones y se ataca al Poder Judicial de la Federación. Es por eso que plasmé en mis memorias cómo sí se puede combatir la corrupción, cómo sí se puede combatir al crimen organizado. Lo único que hace falta son funcionarios honestos, comprometidos con México y, lo más importante, la voluntad política del Ejecutivo. Sin eso nunca tendremos éxito. Hablar es sencillo, cumplir es lo importante.

En su opinión como litigante ¿Cómo va el Sistema de Justicia Penal Acusatorio? ¿Qué se requiere para mejorarlo, dónde hay fallas?

Esta pregunta es sumamente interesante, implementar en México un sistema de justicia penal mediante el juicio de oralidad, que ha fracasado en otros países. En su momento levantamos la voz, tratamos de convencer al entonces Presidente de la República, Felipe Calderón, de que México no estaba preparado para este sistema, que no podíamos dejar a jueces de conciencia, que no le podíamos quitar al Ministerio Público su facultad de investigación, pero fracasamos. ¿Qué ha pasado? La justicia se ha convertido en un peregrinar, han utilizado este sistema para venganzas políticas, han permitido que los Ministerios Públicos se vuelvan más negligentes, que no integren las carpetas de investigación como es debido, y los resultados los tenemos a la vista. Me pregunto ¿cuántas sentencias condenatorias se han obtenido?, ¿cuántos infractores de la ley han quedado fuera de la justicia por ineficiencia e ineficacia de la autoridad ministerial? Es muy fácil culpar a los jueces de benévolos y corruptos, pero nos olvidamos de que el éxito de un proceso penal es una bien integrada carpeta de investigación con suficientes elementos de prueba en la que se acredite la presunción de responsabilidad del imputado. ¿Qué opino yo que se debe hacer? Primero, fortalecer al Ministerio Público, impulsar la creación o fortalecimiento de una policía eficiente de investigación, el Ejército no investiga, es por eso que se debe poner atención en la justicia. Recordemos, mi querido amigo, que en un país en que no existe justicia, donde no se aplica la ley y donde no hay un sólido estado de derecho, no puede haber progreso.

Denos una opinión sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

Anteriormente me referí a (la Comisión Nacional de) los Derechos Humanos. Con todo respeto, es una institución que podría funcionar bien, que podría satisfacer para lo que fue creada, defender a las víctimas, vigilar la actuación tanto de las autoridades persecutoras como de los juzgadores, impugnar la violación a la Constitución, pero no se puede cuando quien dirige esa Comisión, también cometió delitos en el pasado, no tiene, con todo respeto, la capacidad para el cargo que ocupa, esa es mi opinión. ¿Cuál es la consecuencia de esto?, que la corrupción, la impunidad, la criminalidad hayan crecido, como lo estamos viviendo.

A unas horas de que la Suprema Corte declarara inconstitucional el acuerdo por el que se decretan como de seguridad nacional las obras de infraestructura, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo decreto por el cual otra vez declara a las obras federales de infraestructura como de seguridad nacional. ¿Hasta dónde puede llegar jurídica y políticamente el titular del Ejecutivo con tal acción desafiante?

Respecto a la postura del señor Presidente de la República, a quien respeto, no comparto sus decisiones. Considero que le falta mucha asesoría, que no se ha rodeado de verdaderos juristas que le digan lo que no se debe y puede hacer, porque grave es, mi amigo, que un funcionario le mienta al Presidente, porque esa mentira provocará que el Presidente tome decisiones que son absolutamente violatorias de la ley. Es mi Presidente, lo respeto, pero le repito, no comparto sus decisiones, afectan a México, la historia lo juzgará.

¿Qué opiniones y comentarios ha recibido su libro “El Fiscal de Hierro”? ¿Ha sentido que quedaron temas sin abordar y que ameritarían publicar otra obra similar?

Amigo, qué quiere que yo le diga. Nunca pensé que tendría el éxito que ha tenido. He recibido muchos comentarios favorables, y quiero decirle que nadie, después de casi dos años de publicado el libro, me ha refutado ninguna de las verdades y temas que he tocado, por una razón, mi amigo: como abogado, sé que a cada hecho una prueba. Faltaron muchas cosas, unas que se pueden contar y otras que, por institucionalidad, no las debo decir. Me siento satisfecho, contento, soy un hombre feliz familiarmente. Tengo la dicha de tener una esposa que me ha acompañado durante 51 años en esta larga y difícil carretera que es la vida; tengo la enorme dicha de que mis tres hijos son abogados, trabajan en mi despacho, codo con codo conmigo, y dos de mis nietos son pasantes de Derecho, qué más le puedo pedir a Dios. Mi única satisfacción es que, cuando Dios decida llevarme, me voy absolutamente tranquilo de haber cumplido con la misión que él me encargó en la vida, bajo tres fundamentales premisas: lealtad, honestidad y siempre hablar con la verdad.

¿Qué podemos esperar de la actuación y planes de Javier Coello Trejo para el futuro?

Como lo dije anteriormente, seguiré mientras Dios me preste vida, defendiendo la justicia desde mi trinchera, y convocando a toda la juventud mexicana a que se prepare, a que estudie y a que entienda que México es nuestro y que defenderlo es la fundamental obligación de los mexicanos y, por último, decirles: muerto antes que indigno.

¿Gusta abordar algún otro tema?

Me gustaría nada más tocar un tema que yo considero que debe ejecutarse, lo que le llamamos la justicia de barandilla, la atención directa a la sociedad, pues resulta de veras vergonzante que se llegue a las Agencias del Ministerio Público y, si no se lleva dinero, no le hacen caso simple y sencillamente; esperan horas para ser atendidas aquellas personas que han sido víctimas de la delincuencia; qué fácil sería, mi estimado amigo, que los Fiscales Generales, tanto de la República como de los Estados, pusieran más atención en este tema, puesto que lo único que la gente quiere es justicia.

Espero que no me crea ni romántico ni iluso. La aplicación de la ley debe ser irrestricta, tan fría como lo es y, le repito, evitemos a toda costa que se siga mezclando la política con la justicia. Muchas gracias.

AL PÚBLICO LECTOR

BIENVENIDOS 

A los nuevos visitantes del PORTAL JURÍDICO ADUANERO y TU GUÍA LEGAL PANAMÁ. 

Enlace:  https://online.pubhtml5.com/apth/wvei/

AL PÚBLICO LECTOR

ENTRE LA CULTURA Y LA INFORMACIÓN 

El constante devenir de la historia hace del mundo de hoy una fuente interminable de sucesos unas más criticas que otras, en el plano social, económico y político sobre todo en el ambiente cultural. La cultura entendida como todo un sistema de hechos que a través del tiempo y en el espacio sufren transformaciones enormes del cual la humanidad es el protagonista principal de esos cambios. Mientras que la información viene a constituir como un mecanismo de influir o persuasión con sus propias particularidades, posiblemente frágiles a actos serviles o intereses de acomodo. Sólo la madurez social y moral puede ser capaz de afrontar el desequilibrio de alto riesgo y devastador de civilizaciones integras.  

"SÓLO LA CULTURA NOS HARÁ LIBRES Y DIGNOS".      

EL CONTRABANDO Y SU VÍNCULO CON LOS ESTAMENTOS SOCIALES DE PODER POLÍTICO EN LATINOAMÉRICA

                                                                                                                        

              I.        EXORDIO

            II.       EL CONTRABANDO COMO FENÓMENO SOCIAL

          III.       CLASES SOCIALES Y PODER POLÍTICO

          IV.       MAXIMIZACIÓN DE LA LEY PENAL SIN RESULTADOS

           V.        EPÍLOGO

     I.        EXORDIO

No hubiera sido posible escribir estas líneas a lo que estoy acostumbrado, apartarme de la idea central del tema que motivó sería una locura; pues de nada sirve pretender tapar el sol con un dedo o hacerme de la vista gorda; pues hay que decirlo sin tapujos porque considero que existen en el ámbito jurídico aduanero ciertos tópicos sueltos que la teoría penal no ha resuelto.  

El gran problema existente en esta parte del planeta llamada Latinoamérica es que aún no se logró quebrar las cadenas del colonialismo y del sometimiento externo, su magna economía echada está a la suerte de los poderosos del sistema financiero mundial. La globalización de la economía mundial un concepto moderno del sistema capitalista de dominación que hace del comercio un gran negocio global, la consigna de reducir la pobreza es solo pretexto en un mundo de desigualdades donde se campean libremente la injusticia social, la discriminación racial, el separatismo, el narcotráfico, el terrorismo de estado, el contrabando, la trata de personas, y las altas tasas de criminalidad son pruebas elocuentes que día a día las sociedades pasivamente observan, detrás de todo esta escalada de criminalidad se hallan involucradas grandes corporaciones transnacionales del crimen organizado.

Estoy de acuerdo, que el eje central de este comentario posiblemente pudiera no estar conforme con ciertos intereses sectoriales; al menos hay que expresarlo porque omitir la dura realidad significa encubrir ese gran problema de hoy que agobia, que no se puede pasar por alto aquello que por siglos fue y que continúa siendo un botín de reparto la administración de aduanas por las clases sociales de poder económico y político bien arraigados. Sin duda, el comercio legal el que alimenta al desarrollo de las economías nacionales está en su lugar a pesar de todo, sin embargo, la ilegalidad siendo el lado opuesto al desarrollo económico y social de los países parece ganar terreno frente a los tibios avances del sistema judicial en cuanto se trata a la penalización de los delitos económicos.

No es para menos, tratar un problema social de esta dimensión del que me propuse no es sencillo para ningún autor, y esta es la razón fundamental de este comentario, primero enfocar el “contrabando” a partir del contexto social, segundo a partir desde la concepción jurídica de tipo penal que el contrabando lesiona causando severos daños a las economías nacionales. Un tema pendiente que requiere ser resuelta en Latinoamérica. 

    II.        EL CONTRABANDO COMO FENÓMENO SOCIAL  

Específicamente el delito de contrabando entre los diversos delitos aduaneros es considerado el mal endémico que subsume en la miseria y la dependencia económica a cualquier país, pues ya se dijo en anteriores escritos; este mal tiene su origen desde la época colonial, desde entonces fue adquiriendo en el transcurso del tiempo diferentes connotaciones a la vez profundamente arraigado en las sociedades del siglo XXI.

Por cierto, los Estados adoptan sus políticas económicas de alguna manera por el orden económico imperante; vale decir, sea el proteccionismo o el liberalismo económico. No hay como perder de vista, se han hecho todos los esfuerzos para su erradicación y extirpación de éste mal social; incluso en foros internacionales como la organización Mundial de Aduanas se han debatido entre los Estados Miembros para la lucha frontal y permanente contra el contrabando, pero han devenido en proyectos insuficientes y frustrantes.

En la comisión del contrabando, el delito aduanero por antonomasia, no únicamente concurren conductas dolosas de evadir o burlar los sistemas de control aduanero, más contrario es preciso transparentar cuando se pretende realizar un análisis, aunque preliminar acerca del contrabando. Es imposible hablar del contrabando sin reconocer la existencia de una enmarañada red de corrupción que contamina a nivel global, es decir a todos los estamentos concurrentes de clases sociales de poder, con algunas excepciones que la historia registra. Pues bien, la corrupción y el contrabando no son sinónimos, sino que comparten de algún modo el mismo cordón umbilical, son como hermanos, conviven simultáneamente; la una alimenta al otro y el otro contribuye para una salida pronta a la impunidad.

En definitiva, el contrabando separado de lo estrictamente jurídico-Derecho Penal Aduanero- es que constituye un problema social de distinta naturaleza a diferencia de los otros delitos penales que no es suficiente la adopción de penas máximas, porque esto demandaría presupuestos sobredimensionados para la construcción de centros penitenciarios, ningún gobierno se animaría hacerlo. Es un problema que no solo involucra a los evasores de impuestos aduaneros o de aquellos traficantes del comercio ilícito con mercancías de dudosa procedencia, del otro lado se tiene a los contrabandistas del menudeo o llamado también contrabando hormiga de un estrato social empobrecido que habitan por lo general en las zonas fronterizas de los territorios aduaneros. Una realidad que no se puede eludir, aunque duela aceptar son miles de personas entre hombres y mujeres que haciendo este trabajo ilícito llevan el sustento para sus familias. Pues ahora, vista desde la óptica del Derecho Penal Aduanero la comisión del delito involucra a todos quienes introducen o extraen mercancías ilegalmente que encuadran en la configuración del delito tipo. Surge la interrogante, ¿Quiénes son los verdaderos contrabandistas? ¿Quiénes los contrata a aquellas personas en las fronteras? Claro, hay mucha tela que cortar. Llegamos a la conclusión que el contrabando no es cuestión que solo involucra a la ciencia penal sino más bien es un problema social con sus características propias que heredamos desde hace siglos en América Latina y hasta nuestros días se ha perpetrado lamentablemente.   

                  

  III.        CLASES SOCIALES Y PODER POLÍTICO

Es evidente las sociedades van en constante crecimiento poblacional, los índices de criminalidad en los centros urbanos o capitales de los países como Argentina, Brasil, Lima, Bogotá entre otros, son alarmantes. Esta fuente sirvió de base para el presente comentario, por un lado, la existencia de factores delictivos históricos que datan desde épocas remotas, como decía el Exministro de Justicia Federal Argentina Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, la criminalidad se multiplica en las ciudades de mayor crecimiento poblacional. Los delitos de orden público en particular el comercio ilícito es impresionante en las fronteras terrestres. Hay que salir de la ingenuidad, el contrabando se relaciona con otros delitos como las que mencioné antes; hay que decirlo, las fronteras Bolivia- Chile, Bolivia-Argentina, Ecuador-Perú, Colombia-Venezuela; la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que escapa a cualquier imaginación racional.

La globalización económica trajo consigo también el comercio ilegal dirigidas por ciertos estamentos sociales de poder bien arraigados en la sociedad, no cualquiera se dedica al contrabando y no es exagerado. El Estado como tal en muchas situaciones se ve imposibilitado de frenar la acción delictiva, busca formas de reprimir el ilícito estableciendo las aduanas integradas como la de Bolivia y Argentina, chile y Brasil. Basta un botón de muestra, operan empresas fantasmas supuestamente legales que se crean de la noche a la mañana, con nombres suplantados, por ejemplo, el contrabando hormiga en las fronteras no lleva el nombre verdadero del principal contrabandista, a los cuales se les denomina “palos blancos”. Pues, la historia registra un sin número de casos desde la colonia, pasando por la conformación de las repúblicas hasta nuestros días, familias de empresarios de la burguesía minera, la industria y el comercio lideran hoy aún a través de influencias de poder arraigados en las sociedades.

Desde el punto de vista político, el contrabando como una camisa fuerza de las clases sociales dominantes ejerce una influencia mayor cuando los gobiernos son corte dictatorial o de facto, en Latinoamérica esta relación de poder es notorio en los regímenes militares entre las décadas del 60 hasta comienzo del 80. Hablar de institucionalizar de las aduanas era utopía, intereses personales o de clases sociales o poder político estaban por encima de los intereses del Estado; primero yo después el Estado era el vocablo común entre ellos. Las aduanas son como un botín de reparto del prebendalismo político, al extremo de tomar los cargos a la fuerza y destituir a los funcionarios de carrera se convierte en un abuso de poder político sin precedentes, los pedidos o cupos de poder se extreman a tal punto de “…querer o más bien de escoger las aduanas de frontera de mayor afluencia comercial.

Todo esto tiene su origen, la relación de intereses de clase y la política no nació de la noche a la mañana, se debe un largo proceso histórico producto de las crisis económicas que provienen de Europa y Estados Unidos de Norteamérica. La historia Latinoamericana registra que los profundos cambios en la economía debían expresarse también en la estructura social prevaleciente en las colonias españolas. Tal es así que fue surgiendo a la vez una poderosa clase de colonos criollos, integrada por terratenientes, plantadores, empresarios mineros, comerciantes, armadores de barcos, etc., cuyos intereses-marcados por las necesidades de la expansión y la acumulación-chocaban frecuentemente con los de la corona, orientados al simple expolio colonial.

No cabe duda, que la clase criolla también tuvo profundos efectos en el ámbito de la política. Claro, los criollos eran «españoles americanos» que descendían en su mayor parte de los conquistadores y colonizadores de estas tierras, reclamaban para sí un papel preponderante en la administración colonial, que en la práctica estaba en manos de un grupo de burócratas venidos de la península ibérica, que tenían como únicos objetivos mantener la sujeción de estos territorios a la metrópoli y obtener los mayores ingresos posibles para la corona española. Fue así como en las colonias españolas de América llegó a constituirse un «poder dual», vale decir entre una «clase dominante a medias»-la criolla que controlaba los medios de producción fundamentales y los más activos circuitos económicos, y una casta burocrática que actuaba como clase sin serlo, pero que detentaba el poder político en representación de la clase dominante metropolitana. Esa lucha entre criollos había tenido múltiples ocasiones de manifestarse a lo largo de la historia colonial, pero en el siglo XVIII alcanzó una virulencia inusitada, expresada en motines, rebeliones y alzamientos ciudadanos, dirigidos por los Cabildos-centros del poder criollo-contra el poder colonial radicado en Virreyes, Audiencias o Capitanes Generales. ¡Vaya pues, la historia que vivió nuestra América Latina! Dice, Eduardo G. “Los fantasmas de las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado.”

  IV.        MAXIMIZACIÓN DE LA LEY PENAL SIN RESULTADOS

Las administraciones de aduanas aún persisten viejos y arraigados problemas no solamente de carácter político por su complejidad, también en lo jurídico. En el mundo actual en que las relaciones económicas entre los Estados tienden hacia un régimen del libre tráfico de mercancías, principalmente entre aquellas naciones que conforman bloques regionales, sean hecho esfuerzos por compatibilizar las normas aduaneras referente a la represión del contrabando. Vista desde la óptica de la norma positiva que sanciona el delito de contrabando no puede por sí sola parar las conductas criminales dentro del ámbito de los delitos aduaneros.

A estas alturas del siglo XXI en que se vive, las sociedades de nuestra América Latina evolucionaron rápidamente en actividades del comercio ilícito, al extremo que las aduanas parecen admitir tal comercio ilegal porque de lo contrario el problema de las fronteras territoriales sería una bomba tiempo, esto ya es un problema mayor de Estado. Pues bien, El Derecho Penal no está para resolver los problemas de la criminalidad, más bien es para sancionar una vez tipificada el delito como tal, pero ni mucho menos no es la única ni la más efectiva; la solución, por tanto, no pasa sólo por la norma jurídica, sino también la misma debe estar acompañada una decisión de política criminal y, aún más, de una política general de Estado teniendo como base fundamental de estudio que el problema no es precisamente el delito sino que el problema es esencialmente social.

Mantener de manera permanente un programa activo de lucha contra el delito de contrabando y contra la corrupción que facilita la comisión de este ilícito, la historia nos lo ha demostrado que no es el adecuado, precisamente porque se ha tomado el camino equivocado o demasiado débil por las razones ya expuestas. Claro está, las aduanas de los Estados no dejaron de ser el botín político de las élites de poder o clases dominantes en complicidad con otros entes públicos que hacen de las suyas. El orden jurídico del poder del Estado sancionador queda rezagado frente al comercio informal-el contrabando-parece algo normal en la sociedad; la gente compra y vende con facilidad ni qué decir en los mercados urbanos y de la periferia.   

Por otro lado, la maximización de las penas que se dieron en el continente latinoamericano tampoco dieron al menos los resultados esperados ni aun estando en el sistema de gobiernos democráticos, lo que es peor en “gobiernos de facto” instaurados por la fuerza militar o golpes de Estado. La legislación aduanera de los Estados en los últimos tiempos solo fue sometido a cambios parciales, la promulgación continua y excesiva de normas dispersas hacen tediosa y compleja de poder conocerlas en su integridad todas; entonces, por la misma razón los actos ilícitos se alejan con facilidad del alcance del poder sancionador. Demos un ejemplo, en Bolivia existe una ley de protección al denunciante del contrabando incluso sale premiado; sin embargo, el delito persiste ¿Qué significa esto? ¿no es acaso un buen negocio denunciar el contrabando?; se tiene la ley que sanciona la violencia contra la mujer “…y hay más feminicidios” lo mismo pasa contra el racismo, son casos interminables de enumerar. Queda probado, que el derecho penal no es capaz de dar solución a un problema inminentemente social, no porque su alcance sea menos efectivo frente al delito, no es eso. Es mucho más profundo y estructural, obviamente, el Estado por sí solo no podrá lograr su objetivo pese a que tiene el poder sancionador; eh aquí, no es ajena la responsabilidad social de los actores civiles de hacer un comercio que realmente beneficie a la sociedad en conjunto.   

             

   V.       

EPÍLOGO

Estoy convencido, que por muy comprometida que sea la ardua tarea de investigar acerca del contrabando como un problema social en Latinoamérica, sería austero el estudio sin la participación de las otras ciencias como la sociología, psicológica, historia antropológica, historia política, etc. Por otro lado, el sistema judicial contemporáneo tal parece estar demasiado comprometido de forma pasiva en cuanto a la aplicabilidad de las penas, vale decir, que si los criminales andan suelto por las calles es porque algo está fallando en el sistema judicial mientras que los centros penitenciarios se llenan de internos probablemente inocentes, seguirán un siendo centros de formación de peligrosos delincuentes en potencia a futuro.

A estas alturas de lo que va el siglo XXI, el comercio legal, el que paga sus impuestos, el que contribuye al desarrollo económico del país como dije está aún de pie a pesar de todo, no por mucho tiempo mientras si los intereses de clase de poder político continúen erosionando la institucionalidad de las administraciones de aduana.            

René Barrera Ojeda, Lic. En Comercio Internacional y Aduanas, autor de obras escritas sobre comercio exterior, ex docente académico de distintas universidades de Bolivia. Fundador del PORTAL JURÍDICO ADUANERO. Contactos E-mail: clacibol@gmail.com Tel. Cel. 0591-72556444 / 70545696.      

DERECHO ADUANERO: LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS REGULADOS POR LA LEY 1737/1996 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

En todos los tiempos el comercio de mercancías siempre se mantuvo en primera fila del interés social, político y económico de los países, la disponibilidad de los medios ha caracterizado relevancia en la adopción de mecanismos y tomas decisión en materia de política comercial tanto de importación y exportación.

La actividad comercial particularmente el comercio exterior se halla normada dentro de las competencias exclusivas del nivel central del Estado determina el numeral 5) del Art. 298 de la Constitución Política del Estado Boliviano, precepto constitucional de trascendencia y de responsabilidad para el Estado, mismo que concuerda con el Art. 35 del mismo texto constitucional. Pues bien, cuando se habla de salud nos referimos a los derechos fundamentales de la población en su generalidad, reconocidos por la Constitución y, son inviolables, universales, interdependientes y progresivos; el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y r espetarlos. ¿Qué se entiende por salud? Se puede decir, que salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, no significa únicamente la ausencia de enfermedades o afecciones, sino también velar el nivel de eficacia funcional de todo aquello que esté relacionado con la salud.

Por otro lado, se tiene los derechos del usuario y consumidor previsto en el Art. 75 de la Constitución que señala específicamente (…Al suministro de alimentos, fármacos, y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro). En ese sentido, la Ley 17137/1996 (Ley del Medicamento) establece en su Art. 2.- ARTICULO “La presente Ley regula la fabricación, elaboración, importación, comercialización, control de calidad, registro, selección, adquisición, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos de uso humano, así como de medicamentos especiales, como biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos, productos odontológicos, dispositivos médicos, productos homeopáticos, y productos medicinales naturales y tradicionales”. Y, por tanto, el Art. 5 determina que los dispositivos médicos se hallan sujeto a Registro Sanitario, la transgresión a la norma legal es penada por ley así lo expresa el Art. 59 de la mencionada norma legal. Además, el D.S. 3376/2017 promulgado por Evo Morales presidente Constitucional del Estado, en el que establece: “Que es necesario modificar el Art. 42 del D.S. 25235 que permita a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud AGEMED, emitir certificaciones y autorizaciones previas para la importación de medicamentos que garanticen el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad en beneficio de la población”. 

Ante la situación de emergencia el gobierno nacional transitorio promulgó el D.S. 4192/2020 que determina la desgravación del Gravamen Arancelario de los productos comprendidos en el Anexo del citado Decreto Supremo; además de la facilitación en cuanto al tiempo en instancia administrativa para la obtención del Registro Sanitario. Sin embargo, ante la abrumadora demanda de dispositivos médicos en la población ha despertado un inusitado interés en los comerciantes para la importación de dispositivos médicos entre otros, relacionado con el tratamiento del COVID-19.

En la actualidad, el comercio exterior en términos de oportunidad comercial es absolutamente legal siempre y cuando no perjudique el bien colectivo; por tanto, importar dispositivos médicos debe darse en estricto cumplimiento a la Ley del Medicamento y sus normas conexas.   

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA

En cuanto a la importación de los dispositivos médicos el Decreto Supremo 4192/2020 establece la desgravación del 100% de Gravamen Arancelario con excepción del Impuesto al Valor Agregado IVA; en otras palabras, la desgravación no tiene carácter fiscalista precisamente para que la población en general pueda contar y acceder en el mercado interno a la obtención de los medios de prevención para de evitar la propagación del COVID-19 de forma inmediata, de esta manera no dar rienda suelta a la especulación y agio toda vez que estos son delitos sancionables penalmente. 

La COMUNICACIÓN INTERNA AN-GEGPC-CI-N° 062/2020 de la Aduana Nacional dispuso textualmente que los productos como ser barbijos, guantes, ropa médica, gafas protectoras, respiradores, termómetros NO requieren certificaciones de AGEMED que deban presentarse como documentos soporte para el despacho aduanero, vale decir, que las Agencias Despachantes de Aduana podrán realizar despachos sin que les preocupe en absoluto que en lo futuro podrían ser objeto de fiscalización. En definitiva, no constituyen documentos soporte para el despacho aduanero de importación para el consumo, por tanto, No contraviene el Art. 111 del D.S. 25870/2000 Reglamento Aduanal.         

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Después de la nacionalización de los dispositivos médicos se viene la distribución y comercialización en el mercado interno, técnicamente corresponde a la cadena logística la distribución del producto en los centros comerciales mayoristas o minoristas; en tanto que la comercialización radica en el objeto mismo del comercio. Vamos a ser más claros, el importador bien puede ser una persona natural o jurídica cuenta con su Número de Identificación Tributaria NIT, su FUNDEMPRESA y la Licencia de Funcionamiento; estar empadronado ante la Aduana Nacional, documentos en los que se declara la actividad o el giro principal del negocio, es decir, la comercialización de productos importados.

Sin duda, el acto de comercio es el núcleo principal de la actividad económica suponiendo que sea lícita, es la actividad que garantiza el Estado amparado en el Art. 47 de la Constitución Política del Estado. Pues bien, estamos en el camino de la legalidad, se importa mercancía libre del gravamen arancelario-beneficio impositivo-se nacionaliza bajo el régimen de importación para el consumo. La Ley 1737 Ley del Medicamento, con absoluta jurisdicción y competencia conferida al Ministerio de Salud, a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, su sigla AGEMED, tiene por misión controlar, fiscalizar la distribución y comercialización de medicamentos en el mercado interno, dispositivos médicos entre otros productos señalados por ley que tienen que ver con la salud humana. Por tanto, AGEMED es la institución estatal reguladora y encargada del Registro Sanitario de los productos señalados en el D.S. 4192/2020.         

CONCLUSIÓN

En la actual coyuntura de emergencia que vive el país y el mundo entero por el COVID-19, tal vez no sea el interés impositivo el que prevalezca sino la salud pública de la población tal como consagra la Constitución “…primero es la salud y la vida”. El Estado mediante leyes y otras normas legales facultativas disponen que los productos sujetos a control en la comercialización y distribución sean aplicadas y cumplidas por la AGEMED. Bajo ningún pretexto ni justificación alguna menos pretender estando aún en una situación de emergencia, importar productos que no reúnen las condiciones de calidad y efectividad sean comercializadas en el mercado interno. No se puede poner en riesgo la salud y la vida de la población, a eso se refiere el Art. 47 de la Constitución “…siempre que NO perjudique el bien colectivo”.             

CRIMINOLOGÍA: FASCINACIÓN Y RESPONSABILIDAD

Por CAROLINA CANALES CASTREJÓN

Licenciada en Criminología y Criminalística por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). Egresada del Instituto Politécnico Nacional. Conferenciante, articulista y tallerista sobre desarrollo humano. Doctora Honoris Causa por el Colegio Internacional de Profesionistas C&C.

La historia de la Criminología es, en muchos sentidos, la historia de la humanidad. Pasión, avaricia, locura, venganza, en fin, existen muchas razones por las que las personas acaban cometiendo crímenes y, aunque la mayoría de estos crímenes se olvidan rápidamente, excepto por las personas directamente involucradas, algunos aún se recuerdan y se comentan décadas después.

Lo cierto es que el crimen está en todas partes, a todas horas. Los grandes crímenes nos fascinan, nos intrigan. Todos queremos que las fuerzas de seguridad encuentren a los asesinos para que puedan pagar por sus fechorías. Y siempre es desalentador e inquietante cuando eluden la justicia. Son acciones que laceran la seguridad de todos y todas no sólo en México, sino en el mundo entero.

A medida que la sociedad humana ha evolucionado durante miles de años, también lo ha hecho nuestra comprensión de las causas del delito y las respuestas de las sociedades a él. Sólo en los Estados Unidos se estima que uno de cada tres asesinos nunca comparecerá ante la justicia. Estadísticas alarmantes nos hablan de cifras exorbitantes en nuestro país, con casos de asesinatos, desaparecidos y demás, que permanecen sin resolver desde 1980.

Algo está pasando con nuestro Sistema de Justicia Penal o qué ¿acaso existe realmente algo parecido a un crimen perfecto? ¿Son los criminales, tan buenos e inteligentes para cubrir sus huellas? ¿Cómo logran escapar a la justicia? ¿De cuántas formas se puede castigar a un delincuente? Tantas preguntas en el aire cuando se insertan en la mirada fascinante de un criminólogo.

Cuando miras la retorcida mente de un asesino, hay algo diferente. ¿Pero, qué exactamente? ¿Qué empuja a algunas personas a perder todo sentido de la humanidad y la decencia? Por otro lado, la historia no sólo está llena de crímenes extraños, también hay asesinos enloquecidos e impostores habilidosos.

Cuando escuchamos la palabra “criminólogo”, todos nos imaginamos, casi sin excepción, a la típica estampa de una escena del crimen donde una persona con un traje extraño recoge huellas, toma fotos del cadáver, examina el cuerpo de la víctima, analiza patrones de salpicaduras de sangre en la pared y en el suelo, etcétera.

Este cliché, popularizado por las series de televisión, no refleja en absoluto la realidad del trabajo científico forense que en realidad se realiza en campo. Los criminólogos somos científicos sociales que, entre otras cosas, tratamos de prevenir el delito y eso implica el estudio empírico del comportamiento delictivo y la reacción social frente al mismo: concretamente, analizamos el delito como acto individual, al delincuente, a la víctima y las medidas de control social existentes (formales e informales).

Todos tenemos en mente a clásicos personajes del cine como Patrick Bateman, al doctor Hannibal Lecter de “El Silencio de los Inocentes” o a Jack Torrance, protagonista del filme basado en la novela de Stephen King, “El Resplandor”. Son los típicos psicópatas que, por lo general, nos vienen a la cabeza. Pero, ¿qué hay a lo largo de la historia? ¿Por qué hoy en día es fundamental la formación de criminólogos y criminalistas?

La delincuencia ha sido un problema a lo largo de la historia. Para dar respuesta a los crímenes, se establecieron en las primeras sociedades leyes que definían claramente los delitos y los castigos correspondientes. Estos primeros intentos permitieron que la víctima de un crimen emitiera el castigo, pero tratando de aclarar que la respuesta a un crimen en particular debía ser igual a la gravedad del delito en sí. El Código de Hammurabi es uno de los primeros intentos, y tal vez el más conocido, de establecer una escala de castigo para los crímenes.

Los principios establecidos en el código se describen mejor como la “ley de represalias”. Se basa en la aplicación de la Ley del Talión, que incluye además el principio de presunción de inocencia. En la cultura occidental, muchas de las primeras ideas sobre el crimen y el castigo provienen del Antiguo Testamento de la Biblia. El concepto se reconoce más fácilmente como la expresión “ojo por ojo”. En las primeras sociedades, el crimen, junto con casi todo lo demás, se veía en el contexto de la religión. Los actos criminales ofendían, ya fuese a Dios o a los dioses. Fue en este contexto en el que los actos de venganza quedaban justificados, como un medio para apaciguar a los dioses por la afrenta cometida contra ellos.

Platón fue uno de los primeros -y por cierto uno de mis favoritos- en teorizar que el crimen era el resultado de una educación deficiente y que los castigos por crímenes deberían evaluarse en función de su grado de culpa, lo que permite la posibilidad de incluir circunstancias atenuantes. Aristóteles, por su parte, desarrolló la idea de que las respuestas al crimen deberían intentar prevenir actos futuros, tanto por parte del criminal como por parte de otros que puedan estar inclinados a cometer más delitos.

La primera sociedad en desarrollar un código integral de leyes, incluidos los códigos penales, fue la República Romana. Los romanos son considerados los verdaderos precursores del sistema legal moderno, y sus influencias aún se ven hoy en día, ya que el lenguaje latino se conserva en gran parte de la terminología legal y aquí no me dejarán mentir mis amigos abogados. Roma instauró una visión más secular del crimen, viendo los actos delictivos como una afrenta a la sociedad en oposición a los dioses, de ahí que asumiera el papel de determinar y aplicar el castigo como una función gubernamental, con objeto de mantener una sociedad ordenada.

Posteriormente, la introducción y propagación del cristianismo en el oeste provocó el regreso a una conexión religiosa entre crimen y castigo. Con el declive del Imperio Romano, la falta de una autoridad central fuerte condujo a un retroceso en la actitud de las personas hacia la comisión de delitos. Los actos criminales comenzaron a ser considerados como obra e influencia del diablo. Los crímenes fueron equiparados con el pecado. Una barbaridad humana ¿no creen?

El teólogo católico Santo Tomás de Aquino fue quien mejor expresó estas nociones en su famoso tratado “Summa Theologica”, donde se planteaba que los crímenes violaban la ley natural (instaurada por Dios), lo que significaba que alguien que cometía un crimen también había cometido un acto que le había separado de Dios.

Comenzó a entenderse entonces que los crímenes no sólo herían a la víctima sino también al criminal, y también a los monarcas, creyendo en su autoridad totalitaria concedida por la voluntad de Dios. Los crímenes contra las personas, la propiedad y el estado fueron vistos como crímenes contra Dios y el castigo era a menudo rápido y cruel, con poca consideración por el criminal. A medida que la noción de separación de la Iglesia y el Estado comenzó a echar raíces, tema en el que me reservo mi humilde opinión, las ideas sobre crimen y castigo adoptaron una forma más secular y humanista.

Cesare Lombroso, médico y antropólogo de formación, es considerado el padre de la Criminología. Su obra “Tratado antropológico experimental del hombre delincuente” se asume como la primera compilación sistematizada en esta área. Junto con Enrico Ferri y Raffaele Garofalo, fue uno de los grandes representantes de la Criminología primigenia o Criminología positivista.

El pensamiento de Cesare Lombroso estuvo fuertemente influenciado por las teorías de Darwin. En este sentido, Lombroso llegó a decir que los criminales eran “el eslabón perdido”, un ser que estaba en un punto intermedio entre el simio y el hombre. Su clasificación de los criminales fue, durante mucho tiempo, la principal herramienta para establecer el perfil de los delincuentes.

Los dividió en: criminal nato, delincuente loco moral, delincuente epiléptico, delincuente loco, delincuente pasional y delincuente ocasional. De hecho, muchos de sus postulados se debaten todavía en el campo del derecho. La teoría y la clasificación de criminales de Cesare Lombroso se mantuvieron vigentes por un tiempo, pero luego fueron radicalmente reevaluadas. Aparecían serias deficiencias en los diferentes contrastes que se intentaron utilizando el método científico. También, por momentos, se tornaba peligrosa: incitaba al prejuicio y a veces propugnaba la “eliminación definitiva” del criminal.

La verdad es que la criminalidad, ha sido (es y será) una de las mayores incógnitas que el ser humano ha tratado de explicar, en ocasiones con éxito, otras sin resultados demasiado certeros. En este sentido, uno de los temas en los que más se ha profundizado, ha sido en su relación con la personalidad; por ello, quiero ahora centrar la atención en el modelo de Eysenck sobre la personalidad criminal.

Este modelo de Eysenck ha sido uno de los trabajos más trascendentes realizados en la Psicología acerca de la personalidad. Para poder explicarles la personalidad criminal a través de este modelo, tenemos primero que tomar en cuenta el concepto de “delito”. Este implica llevar a cabo ciertos riesgos y conductas extremas, así como una falta de empatía por los bienes materiales y personales ajenos. Por tanto, según el modelo de Eysenck, la personalidad criminal tendría la siguiente combinación:

Por un lado, se relacionaría con un elevado grado de extraversión. La osadía, la despreocupación (rasgos fundamentales de la extraversión) se caracterizarían por ser elementos constituyentes en la comisión de un hecho delictivo. Seamos sinceros, hace falta valor para robar en una tienda, por ejemplo. Seguidamente, un delincuente se definiría también por unos niveles bajos de neuroticismo. Su sistema límbico no se activaría tan rápido ante los estímulos que recibe. Esto implica que en el momento en que piensa en cometer un delito no tiene una visión futura de las consecuencias de sus actos. Ese estímulo no activaría el sistema simpático del SNA, impidiéndole sentir culpa y posteriores remordimientos por lo que ha hecho. Que cosa tan terrible, ¿no les parece?

Por último, una persona que ha cometido un delito presentaría un elevado grado de psicoticismo: no siente empatía y muestra una actitud fría ante lo que ha hecho. El modelo de Eysenck explica de forma general una gran cantidad de personalidades distintas entre sí. Todo depende de las combinaciones que podamos hacer, pues no existe una “cantidad” fija de cada uno, sino que siguen cierta graduación (excepto el psicoticismo).

Al margen de otras teorías que hayan podido salir a la luz con posterioridad, el trabajo de Eysenck, adaptado al mundo criminal, ha resultado toda una innovación para tratar de explicar el porqué del crimen desde el punto de vista más psicológico, en relación con la personalidad: la personalidad criminal.

Los primeros criminólogos defendieron un enfoque racional para tratar el crimen. El escritor italiano Cesare Beccaria, abogó en su libro Sobre Crimen y Castigo por una escala fija de crimen y castigo basado en la severidad del crimen. Sugirió que cuanto más severo fuese el crimen, más severo debería ser el castigo. También creía que prevenir el crimen era más importante que castigarlo y coincido totalmente. 

ENTONCES ¿QUÉ ES LA CRIMINOLOGÍA?

Definiciones podemos encontrar muchas, yo sólo les comparto las siguientes: La Criminología como disciplina es el estudio de la delincuencia y el elemento criminal, sus causas y la supresión y prevención de la misma. La Criminología es una ciencia social interdisciplinaria que se encarga del estudio empírico del comportamiento delictivo y de la reacción social frente al delito.

La Criminología moderna se desarrolló a partir del estudio de la Sociología, donde los científicos no han desaprovechado la oportunidad de tener un ejemplar, un asesino, por ejemplo Manson, al alcance de la mano, quien ha sido un objeto de estudio de primer orden, donde los investigadores tratan de explicar por qué este hombre y su corte hicieron lo que hicieron, aplicando tesis psicológicas como la teoría del etiquetado, la teoría general de la tensión o la teoría del aprendizaje social, para investigar sobre el carácter intrínseco o ambiental de la maldad, sobre situaciones extremas de salud mental.

Pero ¿hubo algo más? ¿Hubo alguna conclusión al respecto? No, como muchos otros en ciencia, hablando de sus propias limitaciones y del clásico “será necesario seguir investigando”. Entonces, hablando objetivamente y emitiendo mi particular punto de vista, la literatura sociológica sobre el crimen no se ha encargado de las dinámicas tras los asesinatos, aparentemente sin sentido, y eso nos indica que no hay ningún intento serio de aplicar la teoría criminológica a estos asesinos y sus acciones.

En esencia, los criminólogos modernos nos tenemos que enfocar, por consiguiente, en conocer las causas fundamentales del delito y determinar la mejor manera de abordarlo y prevenirlo. Ofrecer, por otro lado, un diagnóstico de la realidad criminal con el objetivo de lograr una mayor eficacia en su prevención y represión. Actualmente es la ciencia que ofrece a los poderes públicos las opciones científicas más adecuadas para el control de la criminalidad. Cuanto mejor conozcamos las causas del comportamiento criminal, más se podrá ampliar y mejorar el campo de actuación.

Hay una frase de Eduard Punset que quiero citar para hacer énfasis en lo siguiente: “Los psicópatas nos enseñan que la falta de empatía alimenta nuestra crueldad”. Entonces, las implicaciones criminológicas, psicológicas, sociales y legales de los psicópatas criminales y de los psicópatas integrados son muy diferentes. Aunque cueste creer que hay psicópatas que no matan ni asesinan, lo cierto es que están ahí, camuflados en la sociedad y en todos los ámbitos que la conforman. No todos quieren estar listos para saber esto, pero es cierto ahí están, afuera, esperando la ocasión. Qué miedo, ¿no?

En realidad, y contrariamente a lo que se piensa, los psicópatas asesinos en serie son una excepción social. Son muchos más los psicópatas “integrados” o “subclínicos” que se ocultan entre nosotros pasando desapercibidos. Son altamente nocivos para la sociedad, para el entorno laboral y para las personas con las que se relacionan, sobre todo parejas  y familia.

Muchos estudios han confirmado la asociación entre los trastornos de la personalidad y el comportamiento criminal, mientras que otros han identificado que las personalidades antisociales y limítrofes son fuertes predictores de violencia y agresión,  incluso entre los delincuentes. La personalidad antisocial se considera como un trastorno distinto de la psicopatía: el primer diagnóstico tiene en cuenta casi exclusiva- mente el patrón de conducta antisocial, mientras que el segundo incluye no sólo el comportamiento, sino la falta de remordimiento, la insensibilidad y la frialdad de afecto. Sin embargo, ambos se consideran disfunciones correlacionadas, teniendo en cuenta además que una parte de los pacientes antisociales podrían ser psicópatas.

¿Qué lenguaje utilizan los psicópatas? ¿Quieres conocer su comunicación no verbal? ¿Son enfermos mentales o crueles delincuentes? ¿Qué dice nuestra ley penal? ¿Qué relación existe entre los comportamientos violentos y los diferentes trastornos de personalidad? ¿Sabes cómo actúa un depredador emocional y sabrías reconocerlo? Bueno, esto y más lo sabe un criminólogo.

La palabra “psicópata” traslada directamente a nuestra mente cara a cara con varios iconos de la cultura moderna y no todos se ajustarían a la patología que nos ocupa, pero en general, el cine, la televisión y la literatura están copados por personajes ficticios y reales que provocan fascinación, temor, curiosidad y rechazo al mismo tiempo, cuando en realidad la psicopatía está recogida dentro del grupo de trastornos de personalidad, es decir, una forma de ser que se caracteriza por la dominación mediante la amenaza, el no sentir culpa ni remordimiento por lo que se hace y la manipulación para alcanzar los propios intereses. Todo ello bajo una fachada de absoluta normalidad.

Algo que sucede frecuentemente es confundir psicópata con psicótico. La diferencia principal es que el primero no presenta alucinaciones u otras formas de pensamiento irracional y no pierde contacto con la realidad en ningún momento. En realidad, la presencia en la sociedad de estas personas es muy baja en términos estadísticos, aunque su criminalidad es desproporcionada cuando la cometen. Sin embargo, no se debe confundir diagnóstico con delito. La mayoría están integrados en la sociedad.

Existen varias teorías, y algunas apuntan a que la causa principal tiene origen biológico. La del Bajo Miedo es una de ellas. Estudios respecto de la capacidad empática de los psicópatas han demostrado que no tienen problema para empatizar con la felicidad ajena, pero sí con el miedo. Tienen dificultad para compadecerse de los demás. No hay reacción emocional.

Es sabido que este tipo de personas responden escasamente ante imágenes de miedo, dolor y sufrimiento en el cerebro (baja activación de la amígdala, la encargada del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales). Tienen gran dificultad para la adquisición de nuevos miedos asociados a normas sociales, tienen un bajo temor al castigo y sus consecuencias, y tienen mayor dificultad para adquirir el componente de evitación daño/castigo, tan importante en nuestra conciencia.

Si no se experimenta desde pequeño el miedo al daño o al castigo, no se tiene la experiencia emocional y, por tanto, difícilmente se responde con temor ante señales de amenaza o peligro en el futuro. Esto es importantísimo para formar la conciencia, que se adquiere con la experiencia del miedo y la socialización a lo largo de nuestro desarrollo. Por tanto, los psicópatas poseen una conciencia débil apoyada en diferencias biológicas con el resto de la población y ante las características, las investigaciones y la biología… la pregunta final es: ¿distinguen entre el bien y el mal? Y la respuesta es sí. Saben calibrar perfecta- mente entre el bien y el mal, y si dañan, saben lo que están haciendo.

El psiquiatra forense José Carlos Fuertes Rocañín nos dice que las conductas antisociales y agresivas pueden empezar a los 3 o 4 años e ir en aumento si no se pone remedio. Hay que tener siempre claro que la educación saludable empieza desde el mismo momento en que el niño viene al mundo y que si algo es siempre esencial es que exista coherencia entre lo que los padres dicen y hacen.

Factores sociales alrededor de los menores como el abuso y hoy en día la dependencia de las redes sociales y del teléfono móvil, o cuando ya tiene 17 años y aumenta la introversión, el aislamiento y la falta de socialización, todo esto puede influir a posteriori en conductas agresivas. Donde muchos ven problemas otros vemos campos de oportunidad para la prevención del delito.

Como criminólogos nos relacionamos con personas cuyos niveles de malestar emocional son elevados. Por tanto, somos capaces de captar los sentimientos de las personas, recordar detalles de las conversaciones y de los aspectos cualitativos del lenguaje corporal, que nos ayudan a establecer dinámicas apropiadas y dar las claves de actuación concreta. Tenemos que saber tomar decisiones, promover iniciativas, dirigir y coordinar equipos humanos, así como elaborar estrategias, para lo que será necesaria una habilidad como el liderazgo que englobe tales características. Debemos ser buenos oradores para transmitir y comunicar de forma correcta la información. En nuestro amplio campo de actuación requerimos comunicarnos con personas de todo tipo, asistir a reuniones, congresos y la capacidad comunicativa es una herramienta que nos ayuda a desenvolvernos con la máxima solvencia.

La criminalidad no entiende de idiomas, razas o clases sociales y el mundo globalizado cada vez va más de prisa. Necesitamos ir a la vanguardia en los nuevos hallazgos que permiten la interacción casi inmediata con los nuevos descubrimientos. Por ello, cada vez es más necesaria la puesta en común de proyectos a escala internacional, sin necesidad de largos desplazamientos y para los que el manejo de las nuevas tecnologías se torna esencial. El marco multidisciplinario que rodea a la Criminología nos obliga como criminólogos a estar actualizados en los avances de aquellas disciplinas que nos nutren.

La lectura es obligada, sobre todo en los avances en disciplinas afines como la Psicología, Sociología, Política y Biología. En el análisis de la realidad política, nosotros, como criminólogos, tenemos que desarrollar un sentido de la justicia, la ética y la moral que nos permita dirigir críticas hacia el propio Estado de Derecho cuando éste ponga en peligro la convivencia armónica de sus integrantes. La capacidad de crítica, así como de autocrítica, son importantes herramientas aun en sistemas ligados a la corrupción. Sin mencionar las horas inmersas en las escenas del crimen, que si se las detallo, no les resultarán nada agradables  y menos las prácticas realizadas en laboratorio.

Como saben, la justicia con la cual se castiga al delincuente o criminal, aunque en ocasiones no siempre se llega al castigo, no ha funcionado, debido a la falla de los procesos de detención, por lo que toca a los temas de corrupción. Casi siempre es una constante, falta de elementos (pruebas), falta de la parte acusadora y un sinfín de etcéteras. En nuestro país hace falta realizar mucho trabajo con todos los encargados de la seguridad dentro de los tres órdenes de gobierno, desde capacitación en conocer los Derechos Humanos, y todos los protocolos que existen con el victimario y la víctima, o en algunos casos aplicar los primeros auxilios psicológicos a la víctima o víctimas secundarias, cosa que no se lleva a cabo de manera pronta, tal como la marca la Ley General de Víctimas.

Entre la víctima y el victimario hay un desequilibrio, ya que la víctima ha pasado a segundo término, y por si fuera poco, son posturas antagónicas, ya que al delincuente siempre se le ha atendido por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consigue de manera pronta un abogado, mientras la víctima queda a expensas de un ministerio público o juez. Por otra parte, nuestro sistema de justicia, no en todos los casos, claro, lo que menos brinda a la víctima es justicia, y ésta no es ni pronta ni expedita y además se le revictimiza, y hasta cierto punto es culpada por los hechos, mientras que el victimario puede evadir la justicia por un proceso incorrecto llevado por el primer respondiente o por el Ministerio Publico o por el policía de investigación, por lo que los criminales pasan a la historia y la víctima pasa al olvido.

Pero si bien es cierto que el sistema penal es insensible, muestra rechazo, carece de solidaridad y empatía, podemos apostar como criminólogos, en congruencia con los Derechos Humanos, por una justicia restaurativa enfocada en ambos, resarcir el daño y la integración del victimario a la sociedad, desde la presentación de la denuncia del hecho delictivo. Eso, por un lado, por otro, es incentivar a que las victimas denuncien ante las autoridades correspondientes, el testimonio ante tribunales, que aporten las pruebas necesarias y veraces que den soporte a su caso, incentivar a las autoridades a que no deben revictimizar, y obligar a dar un seguimiento oportuno a la carpeta de investigación, poniendo a prueba los planteamientos clásicos de la Penología.

Los criminólogos y criminalistas podemos coadyuvar dentro de las Organizaciones Administrativas de los Institutos Públicos encargados de la aplicación de las penas de privación de libertad, a que se combinen elementos del Derecho Penal y las modernas tendencias despenalizadoras y el auge de las medidas de seguridad como reacciones frente al delito.

Hoy se asume que la pena tiene distintas finalidades, como la prevención general, que es evitar, amenazando con penas, que los ciudadanos cometan delitos; la prevención especial, que intenta evitar que el sujeto que ya ha delinquido vuelva a delinquir y, por último, la retribución, tres conceptos que integran hoy en día las Teorías Eclécticas de la Pena.

Ahora bien, tenemos que encontrar dentro de la finalidad de la pena un hueco a esta idea de retribución o ideas de justicia, como le llaman, ya que el sujeto es culpable y merece un castigo. Se los dejo de tarea, porque podemos distinguir entre el fundamento de la pena, que debe ser un fundamento retributivo de estricta justicia, que es compatible totalmente con la finalidad preventiva de evitar los delitos o de lo contrario merece un especial análisis. El sector privado demanda un servicio de control, prevención y tratamiento de la seguridad, tanto de las víctimas como de los victimarios. No hay en la actualidad profesionales capacitados para cubrir esta demanda, y es ahí donde entran en juego los criminólogos y criminalistas que hoy nos estamos formando.

Más que nunca el Estado no puede hacer caso omiso a aquello a lo que nos estamos enfrentamos todos los días, como las trabas de las mismas dependencias de justicia, los estamentos políticos, los recursos materiales y económicos, y eso sin dejar por un lado todos esos factores criminológicos que se manifiestan en la sociedad.

El crimen evoluciona y lo que hoy es válido, mañana puede que sea ineficaz. Como criminólogos y criminalistas sentimos la responsabilidad de buscar nuevas soluciones que reencaucen los criterios de política jurídica hacia una equilibrada valoración del delito, de la víctima y del delincuente, reforzando estudios más complejos para que el término prevenir no sea parte del lenguaje utópico en México.