I.
EXORDIO
II. EL CONTRABANDO COMO FENÓMENO SOCIAL
III. CLASES SOCIALES Y PODER POLÍTICO
IV. MAXIMIZACIÓN DE LA LEY
PENAL SIN RESULTADOS
V.
EPÍLOGO
I.
EXORDIO
No hubiera sido posible escribir estas líneas a lo que estoy
acostumbrado, apartarme de la idea central del tema que motivó sería una
locura; pues de nada sirve pretender tapar el sol con un dedo o hacerme de la
vista gorda; pues hay que decirlo sin tapujos porque considero que existen en
el ámbito jurídico aduanero ciertos tópicos sueltos que la teoría penal no ha
resuelto.
El gran problema existente en esta parte del planeta llamada Latinoamérica
es que aún no se logró quebrar las cadenas del colonialismo y del sometimiento
externo, su magna economía echada está a la suerte de los poderosos del sistema
financiero mundial. La globalización de la economía mundial un concepto moderno
del sistema capitalista de dominación que hace del comercio un gran negocio
global, la consigna de reducir la pobreza es solo pretexto en un mundo de
desigualdades donde se campean libremente la injusticia social, la
discriminación racial, el separatismo, el narcotráfico, el terrorismo de
estado, el contrabando, la trata de personas, y las altas tasas de criminalidad
son pruebas elocuentes que día a día las sociedades pasivamente observan,
detrás de todo esta escalada de criminalidad se hallan involucradas grandes
corporaciones transnacionales del crimen organizado.
Estoy de acuerdo, que el eje central de este comentario posiblemente
pudiera no estar conforme con ciertos intereses sectoriales; al menos hay que expresarlo
porque omitir la dura realidad significa encubrir ese gran problema de hoy que
agobia, que no se puede pasar por alto aquello que por siglos fue y que
continúa siendo un botín de reparto la administración de aduanas por las clases
sociales de poder económico y político bien arraigados. Sin duda, el comercio
legal el que alimenta al desarrollo de las economías nacionales está en su
lugar a pesar de todo, sin embargo, la ilegalidad siendo el lado opuesto al
desarrollo económico y social de los países parece ganar terreno frente a los
tibios avances del sistema judicial en cuanto se trata a la penalización de los
delitos económicos.
No es para menos, tratar un problema social de esta dimensión
del que me propuse no es sencillo para ningún autor, y esta es la razón
fundamental de este comentario, primero enfocar el “contrabando” a partir del
contexto social, segundo a partir desde la concepción jurídica de tipo penal
que el contrabando lesiona causando severos daños a las economías nacionales.
Un tema pendiente que requiere ser resuelta en Latinoamérica.
II.
EL CONTRABANDO COMO FENÓMENO SOCIAL
Específicamente el delito de contrabando entre los diversos
delitos aduaneros es considerado el mal endémico que subsume en la miseria y la
dependencia económica a cualquier país, pues ya se dijo en anteriores escritos;
este mal tiene su origen desde la época colonial, desde entonces fue adquiriendo
en el transcurso del tiempo diferentes connotaciones a la vez profundamente
arraigado en las sociedades del siglo XXI.
Por cierto, los Estados adoptan sus políticas económicas de
alguna manera por el orden económico imperante; vale decir, sea el
proteccionismo o el liberalismo económico. No hay como perder de vista, se han
hecho todos los esfuerzos para su erradicación y extirpación de éste mal
social; incluso en foros internacionales como la organización Mundial de
Aduanas se han debatido entre los Estados Miembros para la lucha frontal y permanente
contra el contrabando, pero han devenido en proyectos insuficientes y
frustrantes.
En la comisión del contrabando, el delito aduanero por
antonomasia, no únicamente concurren conductas dolosas de evadir o burlar los
sistemas de control aduanero, más contrario es preciso transparentar cuando se
pretende realizar un análisis, aunque preliminar acerca del contrabando. Es
imposible hablar del contrabando sin reconocer la existencia de una enmarañada
red de corrupción que contamina a nivel global, es decir a todos los estamentos
concurrentes de clases sociales de poder, con algunas excepciones que la
historia registra. Pues bien, la corrupción y el contrabando no son sinónimos,
sino que comparten de algún modo el mismo cordón umbilical, son como hermanos,
conviven simultáneamente; la una alimenta al otro y el otro contribuye para una
salida pronta a la impunidad.
En definitiva, el contrabando separado de lo estrictamente
jurídico-Derecho Penal Aduanero- es que constituye un problema social de
distinta naturaleza a diferencia de los otros delitos penales que no es
suficiente la adopción de penas máximas, porque esto demandaría presupuestos
sobredimensionados para la construcción de centros penitenciarios, ningún
gobierno se animaría hacerlo. Es un problema que no solo involucra a los
evasores de impuestos aduaneros o de aquellos traficantes del comercio ilícito
con mercancías de dudosa procedencia, del otro lado se tiene a los
contrabandistas del menudeo o llamado también contrabando hormiga de un estrato
social empobrecido que habitan por lo general en las zonas fronterizas de los
territorios aduaneros. Una realidad que no se puede eludir, aunque duela
aceptar son miles de personas entre hombres y mujeres que haciendo este trabajo
ilícito llevan el sustento para sus familias. Pues ahora, vista desde la óptica
del Derecho Penal Aduanero la comisión del delito involucra a todos quienes
introducen o extraen mercancías ilegalmente que encuadran en la configuración
del delito tipo. Surge la interrogante, ¿Quiénes son los verdaderos
contrabandistas? ¿Quiénes los contrata a aquellas personas en las fronteras?
Claro, hay mucha tela que cortar. Llegamos a la conclusión que el contrabando no
es cuestión que solo involucra a la ciencia penal sino más bien es un problema
social con sus características propias que heredamos desde hace siglos en
América Latina y hasta nuestros días se ha perpetrado lamentablemente.
III.
CLASES SOCIALES Y PODER POLÍTICO
Es evidente las sociedades van en constante crecimiento
poblacional, los índices de criminalidad en los centros urbanos o capitales de
los países como Argentina, Brasil, Lima, Bogotá entre otros, son alarmantes. Esta
fuente sirvió de base para el presente comentario, por un lado, la existencia
de factores delictivos históricos que datan desde épocas remotas, como decía el
Exministro de Justicia Federal Argentina Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, la
criminalidad se multiplica en las ciudades de mayor crecimiento poblacional.
Los delitos de orden público en particular el comercio ilícito es impresionante
en las fronteras terrestres. Hay que salir de la ingenuidad, el contrabando se
relaciona con otros delitos como las que mencioné antes; hay que decirlo, las
fronteras Bolivia- Chile, Bolivia-Argentina, Ecuador-Perú, Colombia-Venezuela;
la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que escapa a cualquier
imaginación racional.
La globalización económica trajo consigo también el comercio
ilegal dirigidas por ciertos estamentos sociales de poder bien arraigados en la
sociedad, no cualquiera se dedica al contrabando y no es exagerado. El Estado
como tal en muchas situaciones se ve imposibilitado de frenar la acción
delictiva, busca formas de reprimir el ilícito estableciendo las aduanas
integradas como la de Bolivia y Argentina, chile y Brasil. Basta un botón de
muestra, operan empresas fantasmas supuestamente legales que se crean de la
noche a la mañana, con nombres suplantados, por ejemplo, el contrabando hormiga
en las fronteras no lleva el nombre verdadero del principal contrabandista, a
los cuales se les denomina “palos blancos”. Pues, la historia registra un sin
número de casos desde la colonia, pasando por la conformación de las repúblicas
hasta nuestros días, familias de empresarios de la burguesía minera, la
industria y el comercio lideran hoy aún a través de influencias de poder arraigados
en las sociedades.
Desde el punto de vista político, el contrabando como una
camisa fuerza de las clases sociales dominantes ejerce una influencia mayor
cuando los gobiernos son corte dictatorial o de facto, en Latinoamérica esta
relación de poder es notorio en los regímenes militares entre las décadas del
60 hasta comienzo del 80. Hablar de institucionalizar de las aduanas era
utopía, intereses personales o de clases sociales o poder político estaban por
encima de los intereses del Estado; primero yo después el Estado era el vocablo
común entre ellos. Las aduanas son como un botín de reparto del prebendalismo
político, al extremo de tomar los cargos a la fuerza y destituir a los
funcionarios de carrera se convierte en un abuso de poder político sin
precedentes, los pedidos o cupos de poder se extreman a tal punto de “…querer o
más bien de escoger las aduanas de frontera de mayor afluencia comercial.
Todo esto tiene su origen, la relación de intereses de clase
y la política no nació de la noche a la mañana, se debe un largo proceso
histórico producto de las crisis económicas que provienen de Europa y Estados
Unidos de Norteamérica. La historia Latinoamericana registra que los profundos
cambios en la economía debían expresarse también en la estructura social prevaleciente
en las colonias españolas. Tal es así que fue surgiendo a la vez una poderosa
clase de colonos criollos, integrada por terratenientes, plantadores, empresarios
mineros, comerciantes, armadores de barcos, etc., cuyos intereses-marcados por
las necesidades de la expansión y la acumulación-chocaban frecuentemente con
los de la corona, orientados al simple expolio colonial.
No cabe duda, que la clase criolla también tuvo profundos
efectos en el ámbito de la política. Claro, los criollos eran «españoles
americanos» que descendían en su mayor parte de los conquistadores y
colonizadores de estas tierras, reclamaban para sí un papel preponderante en la
administración colonial, que en la práctica estaba en manos de un grupo de
burócratas venidos de la península ibérica, que tenían como únicos objetivos
mantener la sujeción de estos territorios a la metrópoli y obtener los mayores
ingresos posibles para la corona española. Fue así como en las colonias
españolas de América llegó a constituirse un «poder dual», vale decir entre una
«clase dominante a medias»-la criolla que controlaba los medios de producción
fundamentales y los más activos circuitos económicos, y una casta burocrática
que actuaba como clase sin serlo, pero que detentaba el poder político en
representación de la clase dominante metropolitana. Esa lucha entre criollos
había tenido múltiples ocasiones de manifestarse a lo largo de la historia
colonial, pero en el siglo XVIII alcanzó una virulencia inusitada, expresada en
motines, rebeliones y alzamientos ciudadanos, dirigidos por los
Cabildos-centros del poder criollo-contra el poder colonial radicado en Virreyes,
Audiencias o Capitanes Generales. ¡Vaya pues, la historia que vivió nuestra
América Latina! Dice, Eduardo G. “Los
fantasmas de las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la
torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así
como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las
contradicciones del pasado.”
IV.
MAXIMIZACIÓN DE LA LEY PENAL SIN
RESULTADOS
Las administraciones de aduanas aún persisten viejos y
arraigados problemas no solamente de carácter político por su complejidad,
también en lo jurídico. En el mundo actual en que las relaciones económicas
entre los Estados tienden hacia un régimen del libre tráfico de mercancías,
principalmente entre aquellas naciones que conforman bloques regionales, sean
hecho esfuerzos por compatibilizar las normas aduaneras referente a la
represión del contrabando. Vista desde la óptica de la norma positiva que
sanciona el delito de contrabando no puede por sí sola parar las conductas
criminales dentro del ámbito de los delitos aduaneros.
A estas alturas del siglo XXI en que se vive, las sociedades
de nuestra América Latina evolucionaron rápidamente en actividades del comercio
ilícito, al extremo que las aduanas parecen admitir tal comercio ilegal porque
de lo contrario el problema de las fronteras territoriales sería una bomba
tiempo, esto ya es un problema mayor de Estado. Pues bien, El Derecho Penal no
está para resolver los problemas de la criminalidad, más bien es para sancionar
una vez tipificada el delito como tal, pero ni mucho menos no es la única ni la
más efectiva; la solución, por tanto, no pasa sólo por la norma jurídica, sino
también la misma debe estar acompañada una decisión de política criminal y, aún
más, de una política general de Estado teniendo como base fundamental de
estudio que el problema no es precisamente el delito sino que el problema es
esencialmente social.
Mantener de
manera permanente un programa activo de lucha contra el delito de contrabando y
contra la corrupción que facilita la comisión de este ilícito, la historia nos
lo ha demostrado que no es el adecuado, precisamente porque se ha tomado el
camino equivocado o demasiado débil por las razones ya expuestas. Claro está,
las aduanas de los Estados no dejaron de ser el botín político de las élites de
poder o clases dominantes en complicidad con otros entes públicos que hacen de
las suyas. El orden jurídico del poder del Estado sancionador queda rezagado
frente al comercio informal-el contrabando-parece algo normal en la sociedad;
la gente compra y vende con facilidad ni qué decir en los mercados urbanos y de
la periferia.
Por otro
lado, la maximización de las penas que se dieron en el continente
latinoamericano tampoco dieron al menos los resultados esperados ni aun estando
en el sistema de gobiernos democráticos, lo que es peor en “gobiernos de facto”
instaurados por la fuerza militar o golpes de Estado. La legislación aduanera
de los Estados en los últimos tiempos solo fue sometido a cambios parciales, la
promulgación continua y excesiva de normas dispersas hacen tediosa y compleja
de poder conocerlas en su integridad todas; entonces, por la misma razón los
actos ilícitos se alejan con facilidad del alcance del poder sancionador. Demos
un ejemplo, en Bolivia existe una ley de protección al denunciante del
contrabando incluso sale premiado; sin embargo, el delito persiste ¿Qué
significa esto? ¿no es acaso un buen negocio denunciar el contrabando?; se
tiene la ley que sanciona la violencia contra la mujer “…y hay más feminicidios”
lo mismo pasa contra el racismo, son casos interminables de enumerar. Queda
probado, que el derecho penal no es capaz de dar solución a un problema
inminentemente social, no porque su alcance sea menos efectivo frente al
delito, no es eso. Es mucho más profundo y estructural, obviamente, el Estado
por sí solo no podrá lograr su objetivo pese a que tiene el poder sancionador;
eh aquí, no es ajena la responsabilidad social de los actores civiles de hacer
un comercio que realmente beneficie a la sociedad en conjunto.
V.
EPÍLOGO
EPÍLOGO
Estoy
convencido, que por muy comprometida que sea la ardua tarea de investigar
acerca del contrabando como un problema social en Latinoamérica, sería austero
el estudio sin la participación de las otras ciencias como la sociología,
psicológica, historia antropológica, historia política, etc. Por otro lado, el
sistema judicial contemporáneo tal parece estar demasiado comprometido de forma
pasiva en cuanto a la aplicabilidad de las penas, vale decir, que si los
criminales andan suelto por las calles es porque algo está fallando en el
sistema judicial mientras que los centros penitenciarios se llenan de internos
probablemente inocentes, seguirán un siendo centros de formación de peligrosos
delincuentes en potencia a futuro.
A estas
alturas de lo que va el siglo XXI, el comercio legal, el que paga sus
impuestos, el que contribuye al desarrollo económico del país como dije está
aún de pie a pesar de todo, no por mucho tiempo mientras si los intereses de
clase de poder político continúen erosionando la institucionalidad de las
administraciones de aduana.
René Barrera Ojeda, Lic. En Comercio Internacional y
Aduanas, autor de obras escritas sobre comercio exterior, ex docente académico
de distintas universidades de Bolivia. Fundador del PORTAL JURÍDICO ADUANERO.
Contactos E-mail: clacibol@gmail.com Tel. Cel. 0591-70653042 / 70545696.
