Por JESÚS MARTÍNEZ GARNELOLicenciado en Derecho, con el más alto promedio de su
generación. Maestría en Derecho Privado y Maestría en Derecho Penal. Doctorado
en Derecho Penal por la UNAM, calificación de diez y Mención Honorífica.
Posdoctorado en la Universidad de Milán, con mención Magna Cum Laude. Autor
permanente de Editorial Porrúa, con numerosas obras publicadas
Hace sólo algunos años fui invitado por un grupo selecto de
maestros y pedagogos de nivel medio y medio superior de mi amado estado de
Guerrero y de la ciudad de México, para participar en temas específicos
relacionados con el tópico de la “Cultura de la Legalidad”. No me imaginé que
esta iniciativa de mis apreciados maestros y amigos, trajera como resultado
diversos Foros Regionales y Nacionales, motivo de grandes debates hoy día, en
los cuales he participado como ponente, bajo los rubros referentes a: “La
Cultura de la Legalidad en la Función Pública”, “Responsabilidad y Legalidad
del Servidor Público”,” Sin cultura de la legalidad, sociedad en conflicto”,
etcétera.
En múltiples eventos he observado la gran inquietud e
interrogante de los asistentes y receptores de dichos tópicos, así como de
aquellos que intervinieron en calidad de conferenciantes y, sobre todo, de la
gran incentivación y preocupación sobre fenómenos que, se presume, son
ampliamente conocidos, de experiencia práctica y de difusión ordinaria, dado
que vivimos en un Estado de Derecho y democrático, referente a la Cultura de la
Legalidad, situación altamente preocupante, razón formal deontológica, que
matizan aún más, aspectos y factores motivacionales y de juridicidad para la
exposición de otras tantas problemáticas, abordados por el gran estímulo
académico al participar con el doctor Sergio Aguayo y la maestra Paulina Grobet
Vallarta, entre otros ilustres investigadores.
Pero amén de todo ello, punto menos que importante, fue
realmente satisfactorio detectar que los receptores de todos estos foros
tuvieron verdaderas inquietudes, pues fueron activamente participativos,
eufóricos y entusiasmados, por el exigente reclamo de difundir más estos temas
de alto nivel psicopedagógico en todos los Estados que conforman mi amado país.
Todo ello me obligó a compilar, estudiar y englobar en este
trabajo la diversidad multicultural un tanto sui generis y compleja,
relacionada con la Cultura de la Legalidad, y de los fenómenos sociales de la
corrupción e impunidad, aspectos torales que analizo en capítulo especial y
donde en forma concreta y sencilla, pretendo incentivar a maestros, directores
de áreas académicas, secretarios de Educación, todo tipo de servidores públicos
y estudiosos del Derecho, precisamente sobre esta instrumentación didáctico pedagógica
dirigida a todo ciudadano mexicano, para que así se obtengan con certeza y mayor
objetividad, las herramientas y la formación e información de aspectos
concretos sobre las reglas que específicamente se establecen en las leyes y
principalmente en nuestra Constitución General de la República, con el único y
evidente propósito de que todo gobernado sepa, conozca y difunda las reglas del
juego, precisa y formalmente descritas y establecidas en la ley; pues esto, aunque
pareciese algo simplístico, he detectado la carencia o ignorancia en una gran
cantidad de ciudadanos y profesionistas, con poco conocimiento e ilustración
precisamente sobre temas de legalidad, incluyendo a los propios servidores
públicos judiciales.
México, mi amado país, requiere promover y es de alta
urgencia fortalecer la Cultura de la Legalidad entre gobernantes y gobernados,
tal y como lo explicaba John Austin, pues se exige hoy día de instituciones
integrales sólidas, cuyos servidores públicos deben estar altamente
especializados y supra profesionalizados para el desarrollo, interpretación,
aplicación y cumplimiento de la ley.
Hay necesidad de informar a la ciudadanía de estos temas
como fenómenos sociales y, sobre todo, del ser y del formar un ente
institucional, integral y coherente del sistema de educación, seguridad
pública, prevención del delito, fiscalía e impartición de justicia, e incluso de
la vinculación a los principios, protocolos y tratados internacionales.
Estos temas tienen objetivos específicos y estratégicos y,
sobre todo, se insiste y reitera, el interrelacionar a todas las instancias con
los ciudadanos, para así fortalecer en nuestro país en estas y las vinientes
generaciones, la nueva Cultura de Legalidad y de un Estado de Derecho, buscando
fortalecer un derrotero cultural al unísono de otros países que mucho nos
aventajan.
Por todo ello, pretendo con renovado brío fortalecer esos
objetivos y reforzar el valor fundamental que da en cierta manera vida y forma
a la comunicación escrita en temas tan elementales pero básicos, como los que
ahora se plasman, pero sobre todo, con sencillez, respeto, humildad y plena
nitidez. Remarco y espero, ello sirva de aliciente a todo el mundo académico y
a los profesionales del Derecho, sociólogos, políticos, criminólogos, ciudadanos
en general que, como acciones atractivas y de formación cultural, delineen
nuevos derroteros de promoción y simbología axiológica, novedosa, que
identifique de una vez por siempre a nuestro país, convirtiéndose en ejes
rectores de nuestra sociedad mexicana, moderna, plena, evolutiva y cambiante.
No debemos olvidar pues, que la Cultura de la Legalidad es
y representa un conjunto de valores, de normas, percepciones y aptitudes que el
individuo y la ciudadanía tienen hacia las leyes y la Constitución Política del
País, de quienes las ejecutan o cumplimentan.
Cabe resaltar las palabras del destacado político
guerrerense, licenciado Luis Walton Aburto, que en el prólogo de esta obra
jurídica menciona y cito: “La lucha contra la corrupción y la impunidad es una
de las grandes deudas pendientes en nuestro país. Estos dos retos han tenido
efectos perniciosos en la vida pública de México, desde la pérdida de confianza
de los ciudadanos en las instituciones políticas y de justicia, hasta la
normalización y justificación de ciertas conductas delictivas o contra los
intereses comunes. A partir de este punto de vista, el pacto social mexicano
tiene, en primera instancia, un problema central, el cual parece que no es
comprendido y entendido por la mayoría de los ciudadanos, y quienes gobiernan no
están interesados en dialogar con sus gobernados, porque esta distancia
comunicativa les favorece: un pueblo que desconoce sus derechos y obligaciones
no empuja a la clase política a hacer su trabajo, no reconoce los mecanismos de
participación, y mucho menos promueve las sanciones en caso de que su clase
dirigente abuse del poder que el pueblo le ha confiado para actuar en su
nombre. El desconocimiento de los derechos y las obligaciones mantiene el statu
quo; no hay avance en lo que no se mueve, no hay nada que crezca en tierras
yermas…. La corrupción y la impunidad están rodeadas por un conjunto de
creencias aceptadas que normalizaron su práctica y, por lo tanto, se volvieron
parte del vivir cotidiano. Expresiones como “no me des, sólo ponme donde hay”;
“político pobre, pobre político”; “no importa que robe, pero que salpique”; o
“ayúdame a ayudarte”, han recreado las formas en que asumimos la corrupción
como parte de nuestra identidad. Los aportes al concepto de cultura y su
etimología son abordadas por Martínez Garnelo en la primera parte de este
libro. La evolución del significado de cultura, como se verá, permite comprender
dos cosas: la construcción histórica de un concepto por su práctica social y,
por otro lado, los elementos para la configuración de una práctica social
nueva: la cultura de la legalidad.”
En este sentido y bajo estos planteamientos en términos
generales, los invito a que me acompañen, amigos abogados, especialistas o no
en la materia, para que de manera conjunta, leamos las 201 páginas conformadas
en dos capítulos, de esta, así lo considero, una materia curricular que debe
impartirse no solamente a nivel secundaria o preparatoria, sino a nivel licenciatura
y posgrados, es un reto, pero vale la pena intentarlo.
Agradezco siempre la gentileza de mi muy querido amigo, y brillante jurista,
doctor Octavio Ruiz Martínez, director general de esta tan importante revista nacional,
Jurista, por permitirme difundir este mi libro número 32, cuyo tópico no sólo
es de actualidad, sino de urgente reflexión y aplicabilidad en todos los
niveles y, bueno, aprovecharía para anunciarles el nuevo libro que está ya por
publicarse en la prestigiosa editorial Porrúa y que viene a hermanarse y
cumplimentar, lo expuesto en el libro en cita, referente a uno de los fenómenos
sociales más importantes de este siglo XXI…”La corrupción”… Los invito a que
estén pendientes, para la publicación de mi libro número 33, denominado: “¿La
Corrupción es un Delito? Con un Enfoque sociocriminógeno y de procesamiento
penal”, primicia que obsequio a dicha revista y que espero presentarlo pronto
en todos los foros donde me inviten, por su trascendencia y complejidad social
y jurídica.
