Reconocimiento a nuestro invitado Dr. JUAN ANTONIO MARURI JIMÉNEZ
Doctor
en Derecho Penal y Experto en políticas públicas, eximio maestro del derecho que con su exquisita ponencia nos ilustra sobre los aspectos que involucran la Administración Pública de México, que sin duda alguna guarda estrecha relación con las de otros países de Latino América fundamentalmente. A tiempo de agradecer al Dr. Octavio Ruis Martinez Director de la Revista JURISTA de permitir la edición y difundir el presente artículo en beneficio de la cultura del Derecho.
¿POLÍTICA O POLÍTICAS PÚBLICAS?
Las
acciones de un gran número de quienes detentan en la actualidad el poder en el
país se han tornado en un detrimento económico exorbitante que perjudica a la
mayoría de los mexicanos. El problema es evidente y palpable desde los
distintos sectores de la sociedad, pero la solución no ha llegado aún.
Estos
acontecimientos nos muestran que se ha olvidado la hechura de la política. Los
fenómenos sociales han determinado el comportamiento político de las últimas
décadas. El gobierno carece de iniciativa propia, no es capaz de elegir un
rumbo cierto, surgiendo entonces la necesidad de avocarse más al estudio de los
grandes movimientos de masas que al de las decisiones que tomaría el gobernante
en sus actos de autoridad, es decir, el estudio de la política más que de las
políticas. Las cosas deben cambiar ahora.
Las
políticas gubernamentales han tomado un aspecto crítico del consenso y del
conflicto, con la ayuda de la administración pública, para desdeñar a los
grupos menos privilegiados. Las políticas no sólo son decisiones; en el caso de
las políticas colectivas requieren ser explicadas, argumentadas, transmitidas, actuadas,
ya que hay que construir argumentos sólidos de “policymaking”, pues es comunicación
pública y no decisión desorientada, es un conjunto de actividades post-decisionales
o retrospectivas que buscan aportar evidencias, argumentos y persuasión, con la
finalidad de obtener el consenso, los votos, la aceptación de la sociedad.
LA CIENCIA POLÍTICA Y LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
La
Ciencia Política estudia los procesos y conductas encaminadas a la toma de decisiones
referentes a la ciudad, por lo que para conocer y comprender los aspectos políticos
fundamentales de la sociedad es necesario saber cómo se toman las decisiones.
Aplicar el raciocinio en la política debe ser una condición inicial, pues se
requiere comprensión para pretender siquiera dar soluciones alternativas. El aspecto
psicológico en la racionalidad y el aprendizaje significativo de la política se
gesta en varios saberes como la herencia, la mutación y la selección natural –en
pos del darwinismo político- para que pueda ser buena, exitosa o racional.
La
concepción actual de las políticas con enfoque constructivista mediante el aprendizaje
significativo basado en argumentos se contrasta con la resolución de problemas
y soluciones alternativas a la antigua, en espera de una intervención sistemática
a través de la intervención de la Ciencia Política.
De ahí
que algunas herramientas y conceptos básicos de la política sean de diferente
aplicación, por lo que deberá elaborarse una metodología política a fin de que
los conceptos puros tengan relación con el sentido de hacer la política, con la
hechura de las políticas de primera mano.
Las
habilidades cognoscitivas que deben reunir los analistas para desempeñar
la
labor de análisis político son muy diversas, pues en la evaluación y sistemática
de la política deben compararse los análisis que se hace en otras ciencias como
la Medicina, la Psicología, el Derecho, la Historia, etcétera, todo ello a
través de la experiencia. No hay otra opción.
LA FACTIBILIDAD POLÍTICA Y EL ANÁLISIS
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Las
implicaciones políticas a menudo son ignoradas por los hacedores de política,
pues el análisis de éstas debería permitir el desarrollo de políticas públicas
ejecutables, que puedan ser implementadas para que así se una lo deseable con
lo posible y no quedar sólo en buenas intenciones. Pero ¿por qué pasa esto?
Porque no se aplica una metodología adecuada para analizar las políticas
públicas, pues debemos atender a la identificación de los actores políticos, de
sus creencias, sus motivaciones, recursos y espacios de interactuación, etcétera.
Los
analistas actuales desarrollan diversas actividades en pos del proceso de
elaboración de políticas públicas. Por su parte, los funcionarios públicos pretenden
contratar a quienes realicen las actividades de inteligencia. En la práctica no
es muy común que se aplique el análisis para la toma de decisiones, se toman
“en caliente”, al “ahí se va”, pues así como hay analistas en sistemas deberían
existir analistas de política, analistas políticos que se encarguen de predecir
la toma de decisiones correctas, buenas decisiones, a partir de las buenas
prácticas en política.
La
factibilidad política se relaciona íntimamente con los aspectos de decisiones
públicas y la elaboración de políticas públicas, pues se vincula con el apoyo,
las metas y los valores para llegar al éxito en la actividad de hacer
políticas.
LAS ÁREAS DE ACCIÓN DE LOS HACEDORES DE
POLÍTICAS PÚBLICAS O “POLICYMAKERS”
Para
tomar alternativas en política, los analistas examinan una serie de
proposiciones condicionales a saber, pues necesitan echar mano de varios
mecanismos para relacionar sus alternativas con el entorno político relevante.
Hay que definir el espacio en la política, el cual nos ofrece una pista inicial
respecto del entorno político, y después el área o campo de acción de la
política, rubros que pueden ser muy variados, tales como el de la salud, la previsión
social, la educación, la asistencia social, la prevención del delito, etcétera.
Es
esta parte del entorno la que se encuentra directamente ligada al análisis de políticas
particulares. El área de acción de la política es entonces definida a partir de
la acción política previa y de los límites que pone el analista.
Escribir
escenarios políticos es una manera de organizar la información, pues estos se
ocupan del futuro y no del pasado, se aplican en la selección y evaluación de
futuras políticas alternativas y tienen más de arte que de ciencia.
Esta
tarea de describir posibilidades políticas no es fácil, pero puede
simplificarse mediante la categorización de actores, motivaciones, creencias, recursos,
sitios e intercambios.
LA FUNCIÓN Y UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La
relación directa entre la evaluación y la toma de decisiones en las políticas públicas
se ha considerado desde 2 grandes aspectos: primeramente, la perspectiva conservadora
ha entendido la evaluación como un proceso esencial que robustece el proceso de
toma de decisiones al proveer valoraciones de tal grado que los programas y
políticas planteados han logrado ajustarse a las metas propuestas inicialmente.
En
segundo lugar, la evaluación es considerada como una función de gestión con
capacidad para aportar un valor agregado a la actividad administrativa, al
ofrecer recursos tecnológicos para determinar con fines didácticos o sumativos
el nivel de logro y percepción de los resultados conclusivos en relación con
los objetivos proyectados inicialmente, además de generar objetivos no
previstos. Es indiscutible el carácter político de la evaluación y de las Ciencias
Sociales, pero también su afinidad con la actividad gubernamental, pues se
aplica tanto a las políticas públicas como a los diseños estructurales, de
procesos, de planificación, de presupuestación, de control, etcétera.
Los
organismos de evaluación de políticas públicas no sólo se sustentan en los
mecanismos de procesamiento, productos e impactos, sino también en los
productos generados por la transformación y los impactos de corto, mediano y
largo plazo generados por la realización de diversas acciones.
La
evaluación tiene también aspectos de retrospección y anticipación en la
intervención de las políticas públicas, pues nos aligera el accionar de los
mecanismos susceptibles de fundamentar los procesos de debate y la toma de decisiones
referentes a los programas y políticas futuros.
La
evaluación tiene gran relación con el examen de la eficiencia, la
administración y la supervisión de la producción de las políticas públicas, no
se limita sólo a verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, sino
que también comprende la calificación de los méritos, el valor monetario, el
valor moral, entre otros, que ofrecen intereses de manera mediata o inmediata
para quienes diseñan, promueven y se relacionan con esas acciones como
diversidad de criterios de evaluación.
Así,
el empleo de métodos formales y rigurosos en la evaluación nos da la pauta para
abandonar prácticas pseudocientíficas derivadas del oportunismo, la charlatanería
o la improvisación.
INTEGRIDAD, PROFESIONALISMO Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES HACIA LAS BUENAS PRÁCTICAS
Si la
corrupción ha sido uno de los grandes lastres que dañan a la sociedad, deben tomarse
acciones para erradicarla de la administración pública. Esta sería entonces una
medida correctiva de las políticas públicas en esa materia, pues las crisis
internas de la mayoría de los países tienen que ver con prácticas deficientes y
carentes de ética, donde la profesionalización del servidor público es una gran
propuesta para el combate de estas prácticas deshonestas y viles.
Este
cambio generará sin duda acciones de innovación, intercambio de conocimientos y
experiencias profesionales, esperando que los gobiernos aprovechen esta
oportunidad para poder salir de sus crisis internas, pues retomar directrices
éticas llevará a un ejercicio del control sobre la práctica del ejercicio
público.
La
exploración, la introspección y la reflexión son aspectos que deben adquirir aquellos
profesionales que ejercen el gobierno, sin embargo, le debemos a la razón instrumental
las habilidades, los comportamientos adecuados y los valores, generando así las
bases para arribar a la nueva gestión pública.
El
discurso sobre el buen gobierno es relacionado con los albores de ética en el
renacimiento de esta nueva gestión pública, es decir, una gestión responsable y
ética. No existe camino fácil para arribar a la virtud, la ética, el conocimiento,
las competencias o habilidades hacia la profesionalización de los servidores
públicos, pues se pretende lograr un avance progresivo de la humanidad,
asimilándolo como la marcha de Dios en el mundo.
Los recursos
humanos, es decir, los aspirantes a gobernantes, son indispensables para la
formulación de estrategias a corto, mediano y largo plazo, pues así se gesta un
desarrollo institucional que fortalece al Estado.
LOS 2 GRANDES TEMAS PENDIENTES DE
TRANSPARENCIA. RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN LA RENDICIÓN DE
CUENTAS Y EL DISCURSO DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA
Con
la finalidad de encontrar alguna justificación y fundamento de la rendición de
cuentas en la nueva gestión pública, las administraciones públicas tienen que
ser dinámicas para adecuarse a las exigencias de la sociedad que cada día es
más implacable. Por tanto, la nueva gestión pública exige mayor calidad, eficiencia
y calidez para con sus usuarios.
La democracia
debe ser considerada como una forma de vida dentro de la gestión pública,
obligándole así a tomar en cuenta todos los aspectos tanto públicos como
privados. Para ello, uno de los mecanismos que nos ayudarán a lograr ese
cometido es la rendición de cuentas o accountability (fiscalización o responsabilidad,
pero más tendiente hacia la rendición de cuentas).
Se
han creado, con la adopción de la reforma constitucional en materia de acceso a
la información, y la legislación secundaria referente a la transparencia y acceso
a la información, varios institutos a nivel federal y local, que garantizan la transparencia
y vigilancia de la gestión pública a través de la rendición de cuentas e
involucran cada día más a la sociedad civil.
Se
colige, pues, que uno de los fundamentos de la nueva gestión pública es el institucionalismo,
impulsado por la teoría de la agencia o principal agente, que permite conceptualizar
a cualquier ente como un conjunto de acuerdos entre un contratante y un
contratado, que le encomienda la realización de algunas tareas, aplicando
mecanismos de medición del desempeño de la función pública, transparencia y
rendición de cuentas.
La buena
gestión pública se conoce entonces como una nueva gerencia pública, nueva
gestión pública, o nueva administración pública.
La
rendición de cuentas encuentra sustento en la nueva gestión pública, complementándose
con la gobernanza y la teoría de la democracia. Es el requerimiento que se hace
a un organismo o funcionario público para que explique a la sociedad sus acciones
y acepte las responsabilidades derivadas de ellas, incluyendo la posibilidad de
ser sancionado.
Es
un elemento esencial de la democracia, ya que implica la posibilidad de que los
diferentes agentes del gobierno se responsabilicen de sus actuaciones, con la finalidad
de controlar el abuso de poder y hacer coincidir el interés particular del
servidor público con el del ciudadano, es decir, crear empatía, sinergia,
comunión.
La
rendición de cuentas puede ser horizontal, es decir, se refiere a las relaciones
de control entre las dependencias de gobierno, supone la vigilancia de los
órganos del Estado por parte de otros organismos estatales, con autonomía e
independencia para desarrollar esas funciones. También puede ser vertical, con
la posibilidad de la existencia de un control de la sociedad hacia el Estado.
Es
conocida también como la rendición de cuentas política y se fundamenta en las
garantías de libertad de expresión y asociación, permitiendo así que los ciudadanos
se organicen para ejercer la defensa de sus causas y se inconformen respecto de
las decisiones gubernamentales, la promoción del cambio político como sanción o
la emisión de incentivos o ratificación como premio, por lo que podemos
establecer que la rendición de cuentas cumple con una misión fundamental para
el desarrollo de los regímenes políticos de corte democrático, ya que hace
posible la rendición de la incertidumbre del poder y limita la arbitrariedad,
además de prevenir y remediar el abuso del propio poder.
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA
TRANSPARENCIA
En
la actualidad, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública
son elementos esenciales de un régimen democrático, puesto que tienen cierta
influencia en las diversas maneras del ejercicio del poder, de la toma de decisiones,
así como de la utilización de los recursos públicos.
Esto
permite al ciudadano ejercer un derecho elemental, ya que al conocer lo que deben
hacer las autoridades, se abre la posibilidad de una participación efectiva,
una gestión pública menos problemática y
una ocasional disminución de los privilegios a través del principio de
publicidad. Pero esto no basta, porque ni el acceso a la información ni la
transparencia son suficientes para lograr gobiernos más responsables, menos
corruptos y más dispuestos a rendir cuentas.
La
libertad de información es un aspecto muy relevante en la actualidad, pues es
considerado como un Derecho Humano contenido en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 10 del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales
del Consejo de Europa de 1950, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos de 1966, y el artículo 13.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Entonces,
la libertad de información comprende no sólo la capacidad de difundir y expresar
hechos, datos, noticias y acontecimientos, sino que también incluye la
capacidad de recibir y buscar información, así como de estar informado, por lo
que podemos establecer que las áreas que comprende el derecho a la información
tienen relación íntima con los siguientes aspectos:
*
Derecho a informar: que comprende, a su vez, las libertades de prensa, de imprenta,
de radiodifusión y de expresión (tanto de forma interpersonal como por medio de
nuevas plataformas tecnológicas);
*
Derecho a consultar diferentes fuentes informativas y a obtener información en
forma completa, oportuna y veraz: que comprende las normas que regulan a las
empresas y organizaciones con actividades de comunicación, los estatutos de los
profesionales de la información, el derecho de autor, así como el régimen
informativo del Estado, principalmente por el derecho de acceso a la
información pública.
Por
ende, el derecho que garantiza la información se encuentra relacionado con el
régimen informativo del Estado y se puede definir como el conjunto de normas
jurídicas que reglamentan y ordenan la forma en que los individuos pueden tener
acceso a la información que generan, preservan o se halla en posesión de los órganos
del Estado. Sin embargo, este derecho no otorga una potestad ilimitada a los
gobernados sobre la información pública.
Debemos
entender entonces que no toda la información pública queda sujeta al escrutinio
público, pues en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de la materia se
reservan aspectos informativos referentes a la seguridad nacional, fundando
este principio en las razones que los servidores y funcionarios públicos tienen
para realizar acciones y que la información necesaria para evaluar esos actos
debe ser del conocimiento de todos los ciudadanos.
La
transparencia y el acceso a la información son considerados como elementos clave
en el sistema de contrapesos y controles que hacen de la democracia el único
sistema político que busca constreñir de manera legal el poder político con el
poder ciudadano. En un Estado democrático se buscan crear condiciones de
transparencia en el ejercicio del poder para establecer una nueva relación
entre ciudadanos y gobiernos.
Por
lo anterior, hemos de precisar que el acceso a la información se refiere al
conjunto de ordenamientos que regulan y sistematizan el acceso de los ciudadanos
a la información pública. Comprende a su vez la práctica obligatoria e invariable
de ubicar la información a la vista del público que tiene interés en conocerla
y revisarla, además de usarla como herramienta para erigir sanciones en caso de
existir irregularidades.
Por
su parte, la transparencia se refiere a una condición de la información pública
que tiene que ver con su apertura y disponibilidad, entendiendo también a la transparencia
como un compromiso de los gobiernos democráticos para mostrar su
funcionamiento, para promover una discusión pública abierta y para ser sujetos
del escrutinio público.
Concluimos
con que el acceso a la información pública y la transparencia son mecanismos
complementarios en los regímenes democráticos, que contribuyen a contar con la
existencia de una gestión gubernamental que rinda cuentas a sus ciudadanos.
