Por: JAVIER COELLO TREJO
(Entrevista)
No es necesario reformar leyes, sino aplicarlas; se debe
castigar a funcionarios que delinquen.
Afirmo que sí se puede combatir la corrupción y sí se puede
combatir al crimen organizado.
No debe permitirse que los Ministerios Públicos detengan para
investigar, sino que investiguen para detener.
Sin abjurar de su recia personalidad, el legendario Fiscal
de Hierro contagia su añoranza de un México entrañable de paz social, donde los
niños podían montar en bicicleta en los parques sin requerir compañía, los
jóvenes acudían libremente a las discotecas, los secuestros o las extorsiones
eran casi inexistentes; no había levantones, ni asesinatos múltiples producto
de los ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado y los ciudadanos
caminábamos por las calles a altas horas de la noche sin el temor de ser
asaltados.
Javier Coello Trejo habla directo. Conoce los entresijos
del sistema jurídico y el mundo complejo de las decisiones políticas en los
máximos niveles. Trabajó para cuatro presidentes de la República y para tres
procuradores generales. Las estadísticas dan cuenta histórica de sus resultados
como combatiente de la delincuencia y el narcotráfico.
En 2021 publicó un libro con sus memorias, “El Fiscal de
Hierro”, bajo el sello de la Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. Con ese
título se refirió a él el Presidente José López Portillo y más tarde el
Presidente de Estados Unidos, George Bush padre. En aquellos tiempos llegó a
interrogar casi a cuatro mil personas, obtuvo aproximadamente doscientas
renuncias y consignó a decenas de funcionarios, ministerios públicos, jueces,
magistrados federales, delegados y funcionarios de aduanas. Fue la época en que
recibió más amenazas. Coello Trejo nació en la Ciudad de México, Distrito
Federal, el 22 de octubre de 1948. Cursó sus estudios de primaria, secundaria y
preparatoria en el Colegio Cristóbal Colón. Egresó como licenciado en Derecho
de la Escuela de Derecho de Chiapas. Ha sido profesor en la Escuela
Preparatoria de San Cristóbal de las Casas, el Instituto Nacional de Ciencias
Penales de la Procuraduría General de la República y la Escuela de Derecho de
la Universidad Anáhuac del Sur. Ha sido conferenciante sobre Derecho Penal y
Derecho Aduanero.
Dentro del sector público ha tenido un desempeño en las
áreas políticas, administrativas y de procuración de justicia. Fue agente del
Ministerio Público Adscrito al Partido Judicial en Chiapa de Corzo; director de
Averiguaciones Previas, director general de Administración y secretario
particular en la Procuraduría General de Justicia de Chiapas; director de la
Policía en aquella entidad; agente del Ministerio Público Federal Titular de la
Mesa 29 del Sector Central de la Procuraduría General de la República; Fiscal
Especial para delitos patrimoniales cometidos por funcionarios públicos de la
Procuraduría General de la República, Revisor General del Ministerio Público
Federal de la Procuraduría General de la República.
En el ámbito político, fue Secretario General de Gobierno,
Presidente de la Comisión Electoral y Presidente del Consejo Estatal de
Población del Estado de Chiapas. También fue Procurador Federal del Consumidor
(1990-1993).
El licenciado Coello concede charla a la revista Jurista,
donde platica sus experiencias profesionales y esboza líneas que deberían ser
tomadas en cuenta para el combate a la corrupción y la impunidad. Damos
comienzo con sus actividades más recientes.
Usted ha representado a
los denunciantes contra el doctor Hugo López Gatell, ¿cuál es el estado de esas
denuncias? Hasta el momento se han
presentado 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Desgraciadamente, en la primera denuncia que se presentó por el fallecimiento
del padre de uno de mis abogados, la Fiscalía, sin ningún fundamento legal,
determinó abstenerse de investigar. Ante esto solicitamos audiencia ante Juez
de Control, mismo que confirmó la decisión de la Fiscalía. Ante esta
irregularidad, comparecimos por medio de un amparo ante un Juez de Distrito,
quien inusitadamente confirmó la decisión, por considerarlo algo fuera de todo
contexto legal. Recurrimos ante un Tribunal Colegiado, el cual nos concedió el
amparo y ordenó a la Fiscalía iniciar la carpeta y practicar todas las
diligencias correspondientes para su debida integración.
Todo marchaba bien, incluso se aportó una serie de pruebas
y datos para configurar la conducta omisiva, negligente, de falta del deber de
cuidado del doctor Hugo López Gatell. Así las cosas, se solicitó la
comparecencia tanto del secretario de Salud como del subsecretario y otras
autoridades. De forma por demás ilegal, antes de acordar la solicitud de las
pruebas, el fiscal encargado del caso mandó la carpeta al No Ejercicio de la
Acción Penal. Procedimos de inmediato a solicitar una audiencia de impugnación
y se compareció ante el Juez de Control; la audiencia de referencia solicitada
para el efecto de combatir la equivocada determinación de no ejercicio de la
acción penal fue atendida el 22 de marzo, de 2023, por el señor licenciado
Arturo Medel Casquera, en su carácter de Juez de Control Federal Especializado
en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Sur, en la que
resolvió revocar la resolución de No ejercicio de la acción penal de fecha 22
de marzo de 2023. Él determinó y ordenó a la Fiscalía General de la República
continuar a fondo con la investigación del tema, incluso, señaló que lo que
venía investigando era muy delicado y ameritaba una profunda indagación, toda
vez que el delito que presuntamente se configuraba era el de homicidio por
omisión, por lo que continuamos integrando la carpeta, así como las otras 9
iniciadas.
¿Considera usted que el
aparato político ha influido en el sistema jurídico en este caso?
Como he manifestado en su pregunta anterior, ha sido un
peregrinar en este asunto. Entiendo que la posición del ejecutivo es la de
proteger a Hugo López Gatell. Tengo confianza en que la Fiscalía entenderá lo
trascendental de este asunto. No se trata de venganzas, se trata de justicia.
No es posible que el gobierno forme fiscalías especializadas para otros casos
como es el de Ayotzinapa, que, si bien es un tema doloroso, también es muy
doloroso que, por la negligencia, la irresponsabilidad, de Hugo López Gatell
hayan fallecido por Covid más de 700 mil mexicanos. Confiamos en la justicia,
igualmente confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí
actuará para proteger la justicia y, fundamentalmente, la Constitución General
de la República. Basta ya de permitir la impunidad, que nos está llevando a los
mexicanos a un profundo caos.
¿Ha recibido usted
amenazas, ha sufrido intimidaciones?
No, no he recibido ninguna amenaza, pero aun cuando las hubiera, mi convicción como abogado amante de la ley y de la justicia es que no me intimidarán para continuar y llevar a sus últimas consecuencias este doloroso asunto que tanto ha dañado a miles de familias mexicanas. Que quede claro que no me inspira ningún tema de venganza, lo único que me inspira es que la justicia impere y se apliqué la ley, tan fría como es. Si las instancias mexicanas no responden dentro de la legalidad y la justicia ¿considera usted acudir al sistema interamericano?
De ser necesario, acudiremos a las instancias
internacionales de justicia. Si hasta la fecha no lo hemos hecho es porque
considero que no es posible que áreas internacionales de justicia vengan a enderezar
la plana a la justicia mexicana. México tiene leyes, jueces, fiscales, que
deben entender que la justicia no se regatea, sino se aplica, que la ley es la
ley y que nadie con el poder o fuero que tenga puede estar por encima de la
ley. Considero y tengo mucha fe en tener éxito en esta cruzada de justicia, porque
creo en la ley, tengo firme convicción de que el derecho es el medio para llegar
a la justicia, y espero que tanto la Fiscalía General de la República como las
instancias de administración de justicia procederán conforme a la ley.
Otro tema que ha
trascendido es la acción que usted interpondría contra su ex cliente Emilio
Lozoya Austin y contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero. ¿Nos puede
comentar en qué van esos asuntos?
Quisiera ser muy enfático. Yo no voy a interponer ninguna
acción en contra del Fiscal General de la Nación, Alejandro Gertz Manero. Si es
a raíz de la infortunada filtración de una grabación en donde me llama bandido,
la respuesta ya se la di públicamente: que no puede ser bandido para él su apoderado,
que no puede ser bandido quien lo sirvió en el caso lamentable de su hermano
Federico, en conclusión, no puede ser bandido quien fue su amigo por más de 40
años. En el caso de Emilio Lozoya Austin, le comento: fui su abogado, los
protegí jurídicamente a él y a su familia, preparamos una defensa a mi criterio
sólida, pero usted debe entender, mi estimado licenciado Octavio Ruiz Martínez,
que yo no me he prestado, ni me prestaré a falacias, a mentiras. Se lo advertí,
que no se dejara engañar por las autoridades para acusar e imputar a diversos políticos
cuando no tiene ninguna prueba de sus dichos. Y recuerde, mi querido abogado,
que a cada hecho una prueba. Ante su insistencia, por la presión fuerte que
estaba recibiendo, decidió hacerlo y desde ese momento dejé de ser su abogado.
Posteriormente, de forma traidora, pretende no pagar mis honorarios. En eso
estoy y me los va a pagar.
Dice usted en su libro
que en los años ochenta y noventa fue construido un México seguro al cual
añora. ¿Si fuera usted invitado a participar nuevamente en tareas de
investigación de los delitos y procuración de justicia, consideraría retornar a
la función pública? ¿O participar como candidato para algún puesto de elección
popular?
Si afirmo en mi libro que añoro un México de paz social, de
más seguridad, es porque así lo vivimos. Qué alegría daba ver a los niños
montar en bicicleta solos en los parques, poder acudir a las discotecas
libremente, poder caminar por las calles a altas horas de la noche sin el temor
de ser asaltado. Ese México se vivió, pero con todo respeto, soy un hombre de
74 años de edad, que ya no tendría la fuerza para aceptar algún cargo, pero
además hice un compromiso moral con mi familia, a la que descuidé por muchos
años por servir a México, de no aceptar ningún cargo, pero también le soy
honesto: soy un hombre de mano dura, que no permite que se viole la ley,
entonces estorbaría y, por último, ya soy grande y no me gusta que me manden.
Por otro lado, siempre fui funcionario público, no político, porque soy un
convencido de que mientras se siga mezclando la política con la justicia, nunca
podremos tener un sólido estado de derecho, por eso no pretendo ningún cargo de
elección, prefiero mejor, desde mi trinchera, contribuir para servir a México.
¿Nos puede explicar qué
significa su expresión de que no se puede “aplicar la ley y hacer justicia de
la mano de los derechos humanos tal y como están ahora”? ¿Por qué? ¿Cuál es la
discrepancia? ¿Qué se tiene que hacer para hacer compatibles ambos temas?
Recuerde usted, mi estimado amigo, que los derechos humanos
son para las víctimas, no para los delincuentes que violan permanentemente la
ley, para ellos, un juicio justo, tal como lo prevé la Constitución General de
la República.
Desgraciadamente, en este país se confundió la política de
los derechos humanos, se olvidaron de las víctimas porque, con todo respeto,
cuando se inició, por presión de los Estados Unidos, la creación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, no se planificó cómo se respetarían estos derechos.
Los derechos humanos son inherentes al humano, pero se tomó esto como una
bandera encabezada por Jorge Carpizo, quien erróneamente aplicó esta política
defendiendo a los delincuentes. Le pongo un caso. En este país operaba una
banda de ladrones y asaltantes de apellido Quijano, se les metió a la cárcel, y fue tanta la insistencia del
doctor Carpizo, que los dejaron en libertad. A los dos meses tuvieron que ser
detenidos porque mataron al rey de la fabricación de medias en el Estado de
México.
Para ser compatibles ambos temas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe pugnar porque las autoridades de procuración y administración de justicia actúen conforme a la ley, procuren que los juicios sean justos, que se proteja a las víctimas, y no a los delincuentes, repito, para ellos, vigilar que tengan un proceso justo, que se les aplique la ley. Nadie puede estar reñido con los derechos humanos, solamente que se apliquen a quienes tienen derechos.
En una evaluación
general, ¿cómo fue o ha sido la actuación o contribución de los Presidentes de
la República de los últimos años respecto de la procuración de justicia y las
estrategias contra la inseguridad?
A lo largo de mi vida y mi función como servidor público
tuve el honor de trabajar para cuatro Presidentes de la República y con tres
procuradores generales de la República. Con Echeverría, bajo el mando de don
Pedro Ojeda Paullada, fui agente federal auxiliar del Ministerio Público,
revisor general de la República; con el presidente López Portillo, bajo el
mando de don Óscar Flores Sánchez, fui agente del Ministerio Público Federal
encargado de luchar contra la corrupción; con el presidente Miguel de la Madrid
fui secretario general de Gobierno del Estado de Chiapas; y con el presidente Carlos
Salinas de Gortari fui subprocurador general de la República, encargado de la
lucha contra el narcotráfico.
Viví con profundidad la lucha contra la delincuencia, se
lograron muchos éxitos, mismos que están plasmados en las estadísticas. Tengo que
aceptar que había corrupción, pero que se combatió; tengo que aceptar que el
narcotráfico en el momento en que yo me hice cargo de su lucha era difícil pero
no imposible, que se logró combatirlo a fondo con resultados muy positivos y
usted me preguntará ¿por qué? Sencillamente porque había voluntad política del
ejecutivo para hacerlo, porque había camiseta entre los Ministerio Públicos de
la Federación, porque había mano firme de los procuradores generales de la
República. No lo estoy inventando, revise los anales y las estadísticas del
pasado.
Ahora, usted me preguntará ¿Qué paso después? Mi respuesta
es que desgraciadamente la justicia no es algo que se pueda inaugurar, no es un
hospital, una carretera, una presa, no es algo que vista al político, y se fue
rezagando la voluntad de combatir la delincuencia y la impunidad, ¿por qué?,
porque se descuidó la justicia, porque se incrementó en forma escandalosa la corrupción.
Esto es la consecuencia de la impunidad que vivimos, de la falta de un estado
sólido de derecho que tenemos. Se fue perdiendo por la maldita corrupción el
terreno, que fue ocupando la delincuencia. Recuerde, amigo, que los espacios
que la autoridad deja vacíos en la sociedad, los ocupa la delincuencia.
No se pueden combatir la delincuencia, el narcotráfico, el
crimen organizado, con abrazos y no balazos. Para combatirlos se necesita la
fuerza del Estado y la aplicación irrestricta de la ley, porque el que roba una
vez y no es castigado, vuelve a robar; el que mata una vez y no es castigado,
vuelve a matar. Esa es la problemática que vivimos en México. Los políticos
sólo buscan su beneficio personal, los funcionarios, o tienen miedo o
pervierten los fines para los que fueron designados. ¿Cuál es la solución?
Aplicar la ley y castigar a quienes delinquen, para eso es necesario no reformar
leyes, sino aplicarlas; no permitir que los Ministerios Públicos, tanto
federales como locales, abusen de la autoridad que se les otorga; no permitir que
se detenga para investigar, sino que se investigue para detener; que las carpetas
de investigación vayan sólidas y con suficientes elementos de prueba para
lograr el castigo ejemplar a quien delinque pero, lo más importante, es que
quienes procuren y administren justicia piensen en México, en este México que
se está desmoronando; que piensen qué le vamos a heredar a nuestros hijos, a
nuestros nietos, qué país vamos a dejar para el futuro, esa es mi opinión y mi
convicción.
En el ámbito ministerial, fue coordinador General de
Servicios Técnicos y Criminalísticos de la Procuraduría General de la República
y Subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico (1988).
Su labor en el combate a la criminalidad fue reconocido en
el nivel internacional, al ser Presidente de la Reunión Internacional de
Organismos Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, de la
Organización de las Naciones Unidas, en Viena, Austria (1989); y Presidente de
la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), Alianza de las
Américas contra el Narcotráfico (1989).
En algún altibajo de la actividad política y por incitativa
de su esposa, nuestro entrevistado decidió litigar. En octubre de 1984
constituyó la sociedad civil Coello Trejo y Asociados, aunque más tarde retornó
a la actividad oficial. Dentro de sus actividades como abogado fundó también el
Despacho Consultoría Jurídica Integral, S.C.; ha sido abogado general de la
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana; es
miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y miembro de la Academia Mexicana
de Derecho Internacional.
Las redes sociales se
desbordan con frecuencia atribuyendo supuestos vínculos de funcionarios, desde
el más alto hasta los intermedios, con los criminales. ¿Con su experiencia como
investigador, observa usted elementos que hagan probable algún tipo de
complicidad?
Evidentemente que sí, se han probado casos muy concretos, el de García Luna, que tuvo que ser la justicia americana la que lo sancionara. En México no existía ninguna investigación.
La complicidad no solamente es asociarse con el delincuente, sino es permitir que delinca, recuerde, amigo, que corrupto no es solamente aquel que da o recibe dinero, corrupto también es aquel funcionario público que, a sabiendas de que no tiene la capacidad para desempeñar la función que le encomiendan, la acepta; corrupto es también
aquel que simula realizar su labor y no
la cumple, corrupto también es aquel
funcionario que pervierte los fines que
le fueron encomendados.
Es evidente que existen muchos funcionarios que se
enriquecen abusando de su cargo. Precisamente uno de los motivos por lo que
escribí mis memorias fue porque vengo escuchando, fundamentalmente en este
sexenio, que la bandera del Presidente fue combatir la corrupción y ha sido
todo lo contrario, ver, por ejemplo, que se canceló un aeropuerto en Texcoco en
donde se enterraron más de 300 mil millones de pesos, según los medios, con el
pretexto de que todo había sido corrupción. No veo a nadie en la cárcel, ni
siquiera una denuncia por esos hechos; ver, igualmente, que todos los días se
defenestra a personas, se destruyen instituciones y se ataca al Poder Judicial
de la Federación. Es por eso que plasmé en mis memorias cómo sí se puede
combatir la corrupción, cómo sí se puede combatir al crimen organizado. Lo
único que hace falta son funcionarios honestos, comprometidos con México y, lo
más importante, la voluntad política del Ejecutivo. Sin eso nunca tendremos
éxito. Hablar es sencillo, cumplir es lo importante.
En su opinión como
litigante ¿Cómo va el Sistema de Justicia Penal Acusatorio? ¿Qué se requiere
para mejorarlo, dónde hay fallas?
Esta pregunta es sumamente interesante, implementar en
México un sistema de justicia penal mediante el juicio de oralidad, que ha
fracasado en otros países. En su momento levantamos la voz, tratamos de
convencer al entonces Presidente de la República, Felipe Calderón, de que
México no estaba preparado para este sistema, que no podíamos dejar a jueces de
conciencia, que no le podíamos quitar al Ministerio Público su facultad de
investigación, pero fracasamos. ¿Qué ha pasado? La justicia se ha convertido en
un peregrinar, han utilizado este sistema para venganzas políticas, han
permitido que los Ministerios Públicos se vuelvan más negligentes, que no
integren las carpetas de investigación como es debido, y los resultados los tenemos
a la vista. Me pregunto ¿cuántas sentencias condenatorias se han obtenido?,
¿cuántos infractores de la ley han quedado fuera de la justicia por ineficiencia
e ineficacia de la autoridad ministerial? Es muy fácil culpar a los jueces de benévolos
y corruptos, pero nos olvidamos de que el éxito de un proceso penal es una bien
integrada carpeta de investigación con suficientes elementos de prueba en la
que se acredite la presunción de responsabilidad del imputado. ¿Qué opino yo
que se debe hacer? Primero, fortalecer al Ministerio Público, impulsar la
creación o fortalecimiento de una policía eficiente de investigación, el
Ejército no investiga, es por eso que se debe poner atención en la justicia. Recordemos,
mi querido amigo, que en un país en que no existe justicia, donde no se aplica
la ley y donde no hay un sólido estado de derecho, no puede haber progreso.
Denos una opinión sobre
el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Anteriormente me referí a (la Comisión Nacional de) los
Derechos Humanos. Con todo respeto, es una institución que podría funcionar
bien, que podría satisfacer para lo que fue creada, defender a las víctimas,
vigilar la actuación tanto de las autoridades persecutoras como de los
juzgadores, impugnar la violación a la Constitución, pero no se puede cuando
quien dirige esa Comisión, también cometió delitos en el pasado, no tiene, con
todo respeto, la capacidad para el cargo que ocupa, esa es mi opinión. ¿Cuál es
la consecuencia de esto?, que la corrupción, la impunidad, la criminalidad
hayan crecido, como lo estamos viviendo.
A unas horas de que la
Suprema Corte declarara inconstitucional el acuerdo por el que se decretan como
de seguridad nacional las obras de infraestructura, el presidente Andrés Manuel
López Obrador publicó un nuevo decreto por el cual otra vez declara a las obras
federales de infraestructura como de seguridad nacional. ¿Hasta dónde puede llegar
jurídica y políticamente el titular del Ejecutivo con tal acción desafiante?
Respecto a la postura del señor Presidente de la República,
a quien respeto, no comparto sus decisiones. Considero que le falta mucha
asesoría, que no se ha rodeado de verdaderos juristas que le digan lo que no se
debe y puede hacer, porque grave es, mi amigo, que un funcionario le mienta al
Presidente, porque esa mentira provocará que el Presidente tome decisiones que
son absolutamente violatorias de la ley. Es mi Presidente, lo respeto, pero le
repito, no comparto sus decisiones, afectan a México, la historia lo juzgará.
¿Qué opiniones y
comentarios ha recibido su libro “El Fiscal de Hierro”? ¿Ha sentido que
quedaron temas sin abordar y que ameritarían publicar otra obra similar?
Amigo, qué quiere que yo le diga. Nunca pensé que tendría
el éxito que ha tenido. He recibido muchos comentarios favorables, y quiero decirle
que nadie, después de casi dos años de publicado el libro, me ha refutado
ninguna de las verdades y temas que he tocado, por una razón, mi amigo: como
abogado, sé que a cada hecho una prueba. Faltaron muchas cosas, unas que se
pueden contar y otras que, por institucionalidad, no las debo decir. Me siento
satisfecho, contento, soy un hombre feliz familiarmente. Tengo la dicha de
tener una esposa que me ha acompañado durante 51 años en esta larga y difícil
carretera que es la vida; tengo la enorme dicha de que mis tres hijos son
abogados, trabajan en mi despacho, codo con codo conmigo, y dos de mis nietos
son pasantes de Derecho, qué más le puedo pedir a Dios. Mi única satisfacción
es que, cuando Dios decida llevarme, me voy absolutamente tranquilo de haber
cumplido con la misión que él me encargó en la vida, bajo tres fundamentales
premisas: lealtad, honestidad y siempre hablar con la verdad.
¿Qué podemos esperar de
la actuación y planes de Javier Coello Trejo para el futuro?
Como lo dije anteriormente, seguiré mientras Dios me preste vida, defendiendo la justicia desde mi trinchera, y convocando a toda la juventud mexicana a que se prepare, a que estudie y a que entienda que México es nuestro y que defenderlo es la fundamental obligación de los mexicanos y, por último, decirles: muerto antes que indigno.
¿Gusta abordar algún
otro tema?
Me gustaría nada más tocar un tema que yo considero que debe ejecutarse, lo que le llamamos la justicia de barandilla, la atención directa a la sociedad, pues resulta de veras vergonzante que se llegue a las Agencias del Ministerio Público y, si no se lleva dinero, no le hacen caso simple y sencillamente; esperan horas para ser atendidas aquellas personas que han sido víctimas de la delincuencia; qué fácil sería, mi estimado amigo, que los Fiscales Generales, tanto de la República como de los Estados, pusieran más atención en este tema, puesto que lo único que la gente quiere es justicia.
Espero que no me crea ni romántico ni iluso. La aplicación de la ley debe ser irrestricta, tan fría como lo es y, le repito, evitemos a toda costa que se siga mezclando la política con la justicia. Muchas gracias.
